La acusación pide el procesamiento de cargos públicos en el juicio por el incendio de la discoteca Flying

Parte de los 30 abogados de la acusación particular en el juicio por el incendio de la discoteca Flying, en Zaragoza, han solicitado que se aplace la vista oral que debe reanudarse hoy, después de que se suspendiera hace un año. Tal petición se debe a un informe elaborado por Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla y especialista en incendios por la Interpol, que revela anomalías en la discoteca y que el incendio, en el que murieron 43 personas, se ocasionó por el recalentamiento de un cable eléctrico situado junto a la puerta de emergencia. Los abogados de la acusación solicitan una investigación suplementaria y el procesamiento de otras personas relacionadas con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés.En concreto, se trata del jefe del servicio de prevención de incendios del Ayuntamiento de la capital, Augusto García Egart; el jefe del servicio de bomberos, Pedro Urrot Lasuén; Luis Aznar Aparicio, que era inspector del Servicio Provincial de Industria y Energía del Gobierno aragonés, y el técnico que realizó la inspección del sistema eléctrico de la discoteca; los responsables de la empresa Mave Electricidad que realizó las instalaciones del local siniestrado, así como el arquitecto técnico de las obras, Pedro Joaquín Gómez Pitarch. Estas personas, que declararon en el sumario como inculpadas, quedaron al margen del proceso por decisión del juez instructor.

El informe de Frontela señala que las causas del incendio son de origen eléctrico y éste se produjo por un recalentamiento de los conductores que hizo prender unos materiales que, pese a tener una clasificación de resistencia al fuego, por su defectuosa instalación facilitaron la propagación del incendio. Asimismo el local presentaba una deficiente señalización, lo que contribuyó a incrementar la tragedia, y carecía de puerta contra incendios. La puerta de emergencia permaneció cerrada la noche del incendio, en enero de 1990.

Efectos mortales del humo

El informe Frontela llega a 22 conclusiones sobre las causas del incendio y a las deficiencias de seguridad que tenía la discoteca. Los efectos mortales fueron causados por el humo transmitido a través de los conductos del aire acondicionado. El informe señala que se incumplió la normativa básica de edificación y las condiciones de protección contra incendios, tales como la falta de certificado de ensayos de laboratorio sobre moquetas y telas acolchadas, extracciones de humo en escaleras, etcétera, y que el proyecto de insonorización está sin firmar y la Administración le dio el visto bueno aunque incumplía la normativa.El juicio se suspendió ya el 17 de octubre de 1991 porque el abogado José Antonio Ruiz Gálvez, defensor del propietario de la discoteca, Faustino Martínez, presentó una factura de la empresa Mave por la venta de 30 metros de manguera. El incendio, según el juez instructor, se ocasionó por la mala instalación de dicha manguera. La juez Carmen Canfranc ordenó una nueva investigación, aunque no se pudo determinar si dicha factura era falsa o no. El fiscal, José María Rivera, mantiene su acusación contra el dueño de la discoteca, el encargado del local, Francisco Lacruz, y el responsable de la empresa instaladora Gersa, Fernando Merino.