La excavadora ataca la última finca para ensanchar la N-VI

Numancia fue Troya. La última finca que se resistía a la expropiación para el ensanche de la carretera de La Coruña -tramo Aravaca-Puerta de Hierro sufrió ayer los embates de las excavadoras, pese a la airada oposición de sus residentes, la familia Blanco de Córdova. Los afectados, subidos al muro, lograron detener la labor de las máquinas durante cuatro horas. El derribo se reanudó con una fuerte protección de la Guardia Civil.

"Vamos a proceder a tirar el muro", informa el representante del Ministerio de Obras Públicas, Francisco Prieto."A ver dónde está la orden. Esto es ilegal", responde airado el morador, Eugenio Blanco de Córdova, el único de los cuatro copropietanos que no ha aceptado la expropiación. Esgrime un ejemplar de la Ley Orgánica del Poder Judicial y otro de la norma sobre expropiación forzosa. Y asegura que no ha recibido ningún papel que autorice el derribo.

La verja separa a las partes en conflicto: los afectados se han atrincherado dentro de la finca, con un coche en cada esquina. La orden -un auto de ejecución de la sentencia sobre un Interdicto hecho por el Juzgado de Primera Instancia número 26 con fecha del pasado 6 de abril- está en la -cartera de Prieto, que se la muestra al sargento de la Guardia Civil y no al indignado vecino. "Se la han comunicado del juzgado", afirma.

¡Al ataque!

Son las once de la mañana en el kilómetro 9,9 de la carretera de La Coruña. Las excavadoras llevan un rato situadas ante los dos laterales de la valla de Villa Gloria. "¡Al ataque!", bromea uno de los obreros, Luis Heredero.Un cuarto de hora después, la cuchara mecánica la emprende contra el muro. Parte de la familia se sube al coche aparcado junto a la pared. Traen las pancartas de protesta. La veintena de defensores -los padres, cinco hijos y algunos amigos que colaboran en la resistencia- tienen que repartirse: las máquinas atacan por ambos flancos.

Paco, a los mandos de la excavadora que debuta, cumple la orden de seguir derribando valla. Con exquisito cuidado, eso sí. Tras media hora de nervios, los moradores se sientan sobre el desgajado muro y se interrumpe el derribo. Para entonces, un par de piedras habían volado hacia la máquina y alguno de los hijos se había abalanzado contra la pala mecánica. "Nunca me había pasado una cosa como ésta", murmura el operario.

Dentro de la finca, Eugenio Blanco de Córdova, ingeniero de 56 años, piensa en presentar ante el juzgado de guardia una denuncia contra el MOPT por allanamiento de morada. "Me dejan la casa a cuatro metros de la autopista [y sin jardín]. Pido que me la hagan de nuevo o que me den dinero suficiente y licencia para construirla yo detrás". No le satisface lo que ha ofrecido la Administración (22 o 23 millones por 630 metros cuadrados y 5,4 millones por el daño que sufre la casa, según sus datos).

Por su parte, el representante ministerial asegura que el derribo del muro y la expropiación de una franja de fachada son perfectamente legales. También señala que los otros tres copropietarios han firmado el acuerdo.

A las doce de la mañana, el derribo queda paralizado. Los ingenieros de la obra deambulan por el arcén de la autopista. El parón dura hasta las cuatro y diez de la tarde. Para entonces, la Guardia Civil recibe nuevos efectivos que disuaden a la fama "Nos sacan por la fuerza", murmura la madre mientras cae el muro delantero.