El PP abre otro frente de lucha contra la Comunidad
B A. / J. A. C. La batalla que enfrenta a los gobiernos municipal y regional tiene un nuevo frente de lucha: los servicios sociales. El PP, al igual que reivindica en otros frentes como el Consorcio de Transportes o el del Realojamiento de la Población Marginada, pretende redefinir la carga económica que soportan ambas instituciones.
La concejal de Servicios Sociales, Ana María García Armendáriz, reclamó ayer a la Comunidad 966 millones de pesetas, equivalentes, a los dos tercios de la nómina del personal que gestiona el Ingreso Madrileño de Integración (IMI). "La Comunidad está pagando a otros ayuntamientos el porcentaje que ahora reclamamos", adujo García Armendáriz. "Queremos que se acabe con esta situación discriminatoria para Madrid".
Esta reivindicación del PP, que afecta á` los años 1991 y 1992, se ha incluido ya de manera efectiva en los presupuestos del próximo ejercicio. La partida de personal del IMI ha bajado de 750 a 237 millones. El Ayuntamiento considera que el resto del dinero, para poder pagar a los 210 trabajadores, lo debe aportar la Comunidad.
La respuesta de los asistentes sociales será inmediata. Hoy mismo comenzarán a movilizarse, convocados por UGT y CC OO. Los contratos de estos empleados públicos, la mayoría asistentes sociales, prescriben el 31 de diciembre y ningún responsable municipal les ha dado explicaciones sobre su futuro.
Dejar de funcionar
Manolo Sánchez, secretario general de UGT en el Ayuntamiento, considera que "sí se echa a estos 210 trabajadores, los servicios sociales van a dejar de funcionar porque ellos no se dedican sólo al programa IMF'.
"Antes de estas contrataciones, Madrid era la ciudad con menos asistentes sociales por habitante de toda la región, había listas de espera de hasta tres y cuatro meses", comentó Sánchez. "Ahora, los usuarios no tienen que esperar más de cinco o seis días a que les atiendan. Si el equipo de gobierno elimina a estos contratados, el mismo trabajo tendrá que repartirse entre los 200 funcionarios y volveremos a las largas esperas".
Begofia San José, de IU, comentó en, el pleno que la petición de dinero a la Comunidad sólo está justificada "por la reducción en un 27% del presupuesto de servicios sociales". Patrocinio de las Heras, del PSOE, comentó que el municipio tiene obligación legal de atender la reinserción y la prevención, "labor que desempeñan los trabajadores del IMI'.
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