Las irregularidades en una sola filial de Enatcar superan los 400 millones

La abogacía del Estado detectó "indicios de presunta responsabilidad contable" en la empresa Transportes Bacoma, filial de la estatal Enatcar (Empresa Nacional de Transportes por Carretera), por valor de más de 400 millones de pesetas. El secretario de acción sindical de UGT y ex presidente de Bacoma, Apolinar Rodríguez, quedó en libertad tras explicar al juez de delitos monetarios que el dinero desapareció después de que él dejase sus cargos en la sociedad. El ex dirigente de UGT Paulino Barrabés relacionado con el escándalo Enatcar, quedó ayer en libertad bajo fianza de medio millón de pesetas.

El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado mayo un informe sobre Transportes Bacoma merced al voto de calidad de su presidente, Adolfo Carretero, contra el parecer de cinco consejeros y del fiscal. La abogacía del Estado, en coincidencia con los votos críticos, mostró sus reservas al informe porque no fiscalizaba todo el entramado de Enatcar y limitaba la inspección a Bacoma.La abogacía del Estado emitió un informe hace un año sobre Transportes Bacoma, principal filial de Enatcar, en el que pidió la remisión a la sección de enjuiciamiento del Trilbunal de Cuentas de diversas actuaciones de Transportes Bacoma para el "esclarecimiento, determinación y, si procede, exigencia de las presuntas contabilidades contables". Los supuestos de los que resultan indicios de presunta responsabilidad contable son los siguientes:

1. Pago indebido de facturas por importe aproximado de 390 millones de pesetas, en relación con la ejecución de contratos de leasing mobiliario (alquiler con derecho a compra) concertados con Aresleasing e Interleasing.

2. Diferencia no justificada de 3,1 millones en las cuentas financieras de la sociedad.

3. Préstamos personales a personal de la sociedad, para los que la misma ha provisionado 22,5 millones de pesetas.

4. Operación de cesión de efectos comerciales desarrolladas por Bacoma con sus filiales CTM y Andreo, que "han determinado el impago de efectos sin que se haya levantado protesto o ejercitado acción alguna sobre la sociedad fiscalizada

Apolinar Rodríguez, que declaró ayer por espacio de cuatro horas ante el juez delitos monetarios, Miguel Moreiras, dijo que él fue presidente de Bacoma en 1986, siguió como consejero en 1987 y cesó formalmente en su actividad en 1988. El dirigente de UGT dijo que las irregularidades se produjeron después de salir él de Bacoma, y varias personas que están inculpadas en el asunto le culparon a él. Rodríguez no quiso dar nombres de estas personas, pero su abogado, Javier Berzosa, matizó que se trata de "alguno que está huido y otros, en libertad bajo fianza".

Dirigentes de UGT

Por otro lado, Paulino Barrabés, presidente de la fundación Fundescoop (Fundación para el Desarrollo del Cooperativismo y de la Economía Social) y responsable de finanzas de la comisión ejecutiva confederal de UGT hasta abril de 1990, quedó ayer en libertad provisional bajo fianza de 500.000 pesetas tras declarar ante el juez Miguel Moreiras, en relación con un informe supuestamente inexistente por el que la sociedad Enatcar pagó 14,5 millones de pesetas a la citada fundación, vinculada a UGT.

Barrabés está inculpado de posibles delitos de falsedad en documento mercantil, malversación de fondos públicos, amenazas y coacciones, según fuentes del juzgado.

La comparecencia de Paulino Barrabés obedeció a unas declaraciones realizadas por el ex presidente de Enatcar, Julio Soto Jiménez, ante el juez el pasado septiembre. Según publicó ayer el diario Cinco Días, Soto dijo al juez que Enatcar había pagado 14,5 millones a través de Fundescoop por un estudio que en realidad no se había realizado.

El ex presidente de Enatcar declaró que al exigir una explicación a Fundescoop, recibió una llamada -de Victoriano Sánchez, entonces consejero de Enatcar, quien le sugirió que se tomara el asunto con calma. También recibió otra llamada de Barrabés para indicarle que ese dinero era "una ayuda de Enatcar al sindicato".

Victoriano Sánchez, secretario general de la Federación de Transportes de UGT, negó ayer ante el juez que él hubiese hablado con Julio Soto sobre dicho informe. Sánchez aseguró que el informe existía y, por tanto, no era cierto que se tratase de una donación a UGT. El juez ordenó su libertad sin fianza.

Victoriano Sánchez contratacó sugiriendo que Soto estaba mezclado con las irregularidades detectadas en Enatcar. "Julio, Soto era director de explotación de Enatcar y yo no sé si es una irregularidad o no, pero parece ser que se compraron autobuses a 30 millones cuando valían 23, y esa compra la firmó Julio Soto", dijo el ugetista.