Francia aprueba una tibia ley anticorrupción
El debate en el Parlamento francés sobre la lucha contra la corrupción política ha estado a punto de consumar el divorcio entre los diputados del Partido Socialista (PS) y sus correligionarios, el presidente François Mitterrand y el primer ministro Pierre Bérégovoy, cuyo intento para moralizar la vida política topó con una rebelión parlamentaria. Al final han optado por un compromiso: la ley de Bérégovoy ha sido aprobada, pero desfigurada por completo.
El debate sobre la ley anticorrupción presentada por Bérégovoy y contestada con más vigor que nadie por los propios diputados socialistas, ha sido una sucesión de episodios rocambolescos. "Hemos dado la impresión de que el incorruptible Bérégovoy fracasaba en su intento de meter en cintura a esos crápulas que son los socialistas", comentó ayer con amargura Bernard Roman, de la ejecutiva del PS.Todo empezó cuando el grupo parlamentario socialista rechazó las principales disposiciones del texto de Bérégovoy; continuó cuando el primer ministro aceptó las rebajas; se complicó cuando, alentado por Mitterrand, Bérégovoy cambió de opinión y siguió apoyando su proyecto original, y concluyó, en la noche del pasado viernes, con un alto el fuego en el seno de la familia socialista.
La ley aprobada no cumple con el principal objetivo de Mitterrand y Bérégovoy: prohibir cualquier clase de financiación empresarial de los partidos políticos ya que éstos podrán seguir llenando sus arcas con el dinero patronal, pero dentro de ciertos límites. Los donativos no podrán superar el 25% del total de sus recursos y deberán ser de conocimiento público.
Sólo corregido así el más conflictivo artículo de la ley anticorrupción, los diputados socialistas la apoyaron. Gaullistas y comunistas se opusieron, y los centristas se abstuvieron.
Al rebelarse contra Mitterrand y Bérégovoy, el PS ha dejado claro que renuncia a seguir apoyando al actual presidente y prefiere apostar por el futuro en la persona de Michel Rocard, quien promovió, siendo primer ministro la ley de 1990 que autorizó la financiación empresarial de la vida política. Bérégovoy pretendía sustituir esa ley por un texto prohibicionista, pero ha fracasado en su empeño.
