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El juez de Filesa descalifica al fiscal por "falta de objetividad" al oponerse a nuevas investigaciones

El juez del Supremo Marino Barbero, instructor del caso Filesa, ha dirigido una severa reprimenda al fiscal encargado del caso, Antonio Salinas de "procurar el interés social" ante la justicia, y que las diligencias practicadas o por practicar no son "innecesarias y superfluas", como sostiene el fiscal, sino "esenciales".

El juez también señala que no se está investigando la financiación irregular del PSOE, sino la eventual comisión de delitos fiscales, de falsedad o malversación, por dos parlamentarios de ese partido. La resolución del juez Barbero, insólita por el tono de severidad desplegado contra un fiscal del Supremo, subraya que el ministerio público no puede "desoír ni desconocer" el "unánime clamor e interés social para que se investiguen seriamente, por su excepcional trascendencia, los hechos objeto de las querellas". Según el instructor, "una investigación seria, no superficial ni aparente" sólo es factible si se analiza exhaustivamente la contabilidad de las decenas de empresas que tuvieron relación con Filesa, Malesa o Time Export.Para el magistrado, la obtención de la "verdad histórica" sobre Filesa no se producirá "si la investigación se paraliza sin que se hayan llegado a conocer los datos" sobre nuevas diligencias que el propio juez interesó en una resolución anterior, a su vez recurrida por el fiscal. Tales diligencias acordadas por el juez, que deberán practicarse ahora, consisten en conseguir la documentación sobre 70 empresas que se relacionaron con Filesa, Malesa y Time Export y en requerir todos los movimientos de las 27 cuentas bancarias que Filesa y las otras dos sociedades tenían en una veintena de bancos. El juez también acordó pedir a la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Hacienda informes sobre movimientos de capitales realizados por las tres sociedades investigadas o por los acusados Luis Olivero y Carlos Navarro.

El fiscal recurrió la decisión judicial por entender que dichas diligencias eran "totalmente innecesarias" y producían "una dilación que a nadie beneficia". Tras descalificar la postura del fiscal por decir que estas pruebas eran "innecesarias y superfluas", Marino Barbero recuerda que está investigando falsedades documentales, malversación de caudales públicos, delitos fiscales y de apropiación indebida. "Y el excelentísimo señor fiscal sabe muy bien" añade el magistrado, "que estos delitos son los más complejos".

Financiación irregular

"El excelentísimo señor fiscal" prosigue el magistrado, "excluye que exista delito alguno de los esgrimidos por los querellados, aunque admite la posibilidad de hallarnos ante una conducta de financiacion irregular del PSOE", no delictiva. Añade que tal financiación irregular "la admite el ministerio fiscal como posible, no este instructor, que no pretende investigar tal financiación irregular de un partido, sino la eventual comisión por los aforados de los hechos objeto de la querella". Los aforados son el diputado del PSOE Carlos Navarro y el senador Josep Maria Sala i Grisó.

La llamada de atención del juez del Supremo al fiscal Salinas es extensible al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que en días pasados expresó, en declaraciones al diario El Mundo, su total apoyo a la labor de Salinas. El fiscal del Estado se encontraba ayer ausente de su despacho, según respondieron sus secretarias a las llamadas de este periódico.

La acusación popular que ejerce el constructor Christian Jiménez solicitó ayer nuevas diligencias entre las que se cuentan el envío de una comisión rogatoría a Suiza para que informe sobre la identidad de Robert Simon, perteneciente al parecer a la sociedad fiduciaria Experta Treuhand, de Basilea (Suiza). Simon es el remitente de un fax en el que se da cuenta a Luis Oliveró, accionista de Malesa, del asentamiento en diversas cuentas de 165.000 francos suizos, 382 millones de pesetas y 2,2 millones de marcos.

También piden que declare el presidente del BBV, Emilio Ybarra, el consejero José Aureliano Recio y José Luis Segimón, firmante éste último del documento en el que el BBV dice no encontrar en sus archivos el informe por el que pagó 84 millones a Filesa. Igualmente pide que declare la viuda y los herederos de Pedro Toledo, anterior presidente del BBV, que, según el banco, encargó el informe.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de octubre de 1992

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