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El PSOE se "arriesgó" a pagar grandes sumas por caja

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los consejeros del Tribunal de Cuentas que votaron en contra del informe exculpatorio para el PSOE en el caso Filesa es la doble metodología empleada por este partido para pagar a Distribuidora Exprés 2.020, firma dirigida por la ex coordinadora de finanzas socialista Aida Álvarez, involucrada en diversos casos de corrupción.El consejero crítico Ramón Muñoz destaca "la absoluta falta de credibilidad de la gestión de tesorería en efectivo". "No parece lógico que el partido pagador asuma riesgos innecesarios proveyéndose de grandes cantidades de metálico a fin de hacer frente a grandes deudas perfectamente liquidables por medios bancarios. Este riesgo gratuito se pone de manifiesto especialmente en su relación económica con la empresa Distribuidora Exprés 2020, con la que liquida sus deudas menores a través de entidades financieras en tanto que aquéllas de mayor importe se solventan con exorbitantes entregas en metálico".

En este sentido, se detalla que en 1989 el PSOE pagó a través de sus cuentas corrientes a Distribuidora Exprés 2020 un total de 29.808.000 pesetas, y en 1988, 19.360.000 pesetas.

Todo estos abonos se atribuyen a servicios electorales relacionados con el buzoneo y la "confección y manipulación y distribución de los trabajos de impresión y envíos que sean remitidos por el PSOE". El documento detalla hasta el número de cuenta a través de la que se efectuaron tales pagos del PSOE: "41030055-Distribuidora Exprés 202O,SA".

Sin embargo, cuando el PSOE tuvo que mostrar al Tribunal a través de qué mecanismo pagó el alquiler de la sede electoral de Gobelas 33, en Madrid, durante 1989, explica que los abonos se realizaron en efectivo a pesar de que su monto alcanzó casi los 70 millones, y lo justifica con facturas carentes de requisitos como definición del concepto, fecha, firma o descripción del local alquilado.

Escasez de pruebas

Esta escasez de pruebas de dichos pagos se produce justamente en uno de los puntos más controvertidos, toda vez que la documentación de Filesa aporta facturas de varias mensualidades de alquiler de Gobelas, número de talones con que se abonaron y registro de la operación de traspaso del local.El consejero Muñoz reprocha que "no existe ningún tipo de contrato ni facturas especificadas, desconociéndose si la fianza ha sido ingresada por el IVIMA, así como si ha sido liquidado el correspondiente impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados por los contratos de traspaso, arrendamiento y subarriendo del citado local, y que acreditaría las fechas de los mismos".

La exculpación del PSOE en este caso ha llevado a Izquierda Unida y al Partido Popular a plantear que se vote hoy en la comisión parlamentaria correspondiente la destitución del presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de octubre de 1992