El PP propone suprimir cinco ministerios, 90 organismos públicos y 5.000 altos cargos

El Partido Popular (PP) propone la desaparición de cinco ministerios -Justicia, entre ellos- de los 16 que componen el actual Gobierno del PSOE, de 90 organismos públicos dependientes de los ministerios, así como una reducción de unos 5.000 puestos entre altos cargos y niveles de libre designación. Estas medidas, según el diputado popular Manuel Núñez, se recogerán en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que prepara su partido, y supondrían un ahorro de 120.000 millones de pesetas en las cargas del Estado dentro del proceso de ajuste para afrontar la crisis.

Manuel Núñez, del PP, justifica estas medidas "no sólo por contribuir a recortar el gasto público, sino por ajustar la actual Administración al Estado de las autonomías A juicio del PP, la falta de un diseño global de las Administraciones públicas "ha producido una duplicación y triplicación de los servicios del Estado, de las comunidades autónomasy de las corporaciones locales y, en consecuencia, un monumental aumento de los gastos de personal, que no se ha traducido en una mejora en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos".El PP asegura que la Ley 30/1984, en la que se plasma el primer intento de reforma de la Administración del PSOE, trajo como consecuencia el "copo socialista" con el nombramiento de más de 30.000 puestos por libre designación. También afirma que en la década socialista los altos cargos y puestos dé alto nivel de la Administración se han disparado de 1.325 a 6.404, "cuando debían haberse reducido por el traspaso de competencias a las comunidades autónomas". En el mismo periodo, de tiempo se ha incrementado en un 30% el número de empleados del sector público, pasando de 1.646.500 a 2.181.200, debido fundamentalmente al furicionariado de las comunidades autónomas.

Según un informe del PP, "el Estado no sólo absorbe toda una minoración de los traspasos, sino que incrementa sus gastos más allá de sus previsiones, destinando los fondos suplementarios consignados en el estado de gastos de los presupuestos, bien a la financiación de nuevos servicios, bien a duplicar en manos de la Administración del Estado algunos de los servicios transferidos, que ha conducido a la ineficacia y al despilfarro".

Un Gobierno sin Justicia

Los ministerios cuya desaparición plantea el PP son: Justicia, Portavoz, Relaciones con las Cortes, Asuntos Sociales e Industria, Comercio y Energía. El Ministerio de Justicia incorporaría sus competencias al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio del Interior -la parte referente a instituciones penitenciarias- y a Administraciones Públicas, -registros y notarías-

Las funciones que hoy desempeña Relaciones con las Cortes serían asumidas por el Ministerio para las Administraciones Públicas. Una tentativa que, por cierto, estuvo a punto de ejecutar Felipe González en la última remodelación gubernamental, en marzo de 1991, y que no se culminó al rechazar el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, la oferta del presidente del Gobierno. El Ministerio de Asuntos Sociales se integraría en el de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio del Portavoz se transformaría en una Secretaría de Estado.

Todas las funciones de Industria, Comercio y Turismo se incorporarían a Economía y Hacienda porque, a juicio del PP, "las competencias del ministerio no tienen entidad suficiente".

El PP propone mantener Exteriores, Defensa, Obras Públicas y Transportes, Educación y Ciencia, Agricultura, Pesca y Alimentación y Sanidad y Consumo, así como la ampliación de competencias de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, Administraciones Públicas e Interior. Cultura se mantendría, pero transfiriendo sus delegaciones territoriales a las comunidades.

El PP va a presentar una moción para suprimir 90 organismos de la Administración, lo que permitiría, a juicio de Manuel Núñez, ahorrar unos

60.000 millones al erario público. Economía había prometido en julio suprimir 14 organismos. En el listado de los organismos a suprimir destacan: el Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (Iryda), el Instituto Español de Meteorología, el Instituto Social de la Marina, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH) y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Núñez justifica esta eliminación por tres razones: por cesión de competencias a las autonomías, como es el caso del Ministerio de Agricultura; por obsolescencia, como las delegaciones del Gobierno en las grandes empresas, y por ineficiencia, del que sería una muestra el Consejo Superior de Obras Públicas.