Una empresa se compromete por contrato a anular multas de tráfico

Los lemas son directos y atractivos. "No pague más multas porque sí" o "No pague más multas a la primera". Detrás de estas frases hay dos asesorías que se comprometen en Madrid -una por contrato- a conseguir la anulación de al menos la mitad de las infracciones de tráfico del interesado. En la ciudad hay un parque de un millón y medio de vehículos, y la Policía Municipal impone 7.500 sanciones por jornada. Los responsables municipales están preocupados ante la proliferación de estos servicios, especialmente desde que la nueva Ley de Seguridad Vial elevó considerablemente las multas, y estudian una demanda judicial por publicidad engañosa.La empresa Gest Gabinete Jurídico ha comprendido perfectamente la situación y se ha lanzado a aprovecharla. El mes pasado realizó una campaña de comunicación, entregando octavillas por la calle, con estas sugestivas promesas: "Recurrimos todas sus sanciones, hasta agotar la vía administrativa", "Nos comprometemos mediante contrato a anular, como mínimo, una de cada dos multas (50% de efectividad asegurado)", "Cuota anual de contratación: 8.000 pesetas más IVA".

El jefe del departamento legal del Área de Circulación, Germán García Sanjuán, entiende que la propaganda tiene "un punto de ilegalidad y de invitación a la desobediencia civil porque nadie puede garantizar, y menos por contrato, un porcentaje de anulación de multas".

El asunto está en manos de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. José Ramón Pérez Acebedo, jefe del departamento de multas, entiende que incluir el término "anular" en la publicidad es lo más grave, "ya que alguien se compromete bajo contrato a predecir en un Estado de derecho cuál va a ser el comportamiento de la Administración".

Publicidad engañosa

Pérez Acebedo asegura que la publicidad es engañosa por más motivos: "El infractor es el único legitimado para efectuar la reclamación, y esas empresas no tienen por qué obtener mejores resultados que cualquiera".El Ayuntamiento entiende además que estos servicios van dirigidos contra todas las multas: municipales, de la Dirección General de Tráfico, el Ministerio de Industria o el juzgado de delitos monetarios.

Una portavoz de la empresa Gest ofreció argumentos casi altruistas pata justificar el negocio, que por ahora cuenta con unos 300 asociados: "Pensamos que la gente tiene derecho a autodefenderse del atropello ciudadano que comete cada día más el Ayuntamiento, y nosotros lo combatimos sacando provecho a los defectos y recovecos de la ley".