CC OO y la CSIF culpan al juez decano del reparto de atribuciones

Portavoces de los sindicatos CC OO y la CSIF, del sector de Justicia, indicaron ayer que si hay responsables de las presuntas irregularidades descubiertas en el reparto de asuntos civiles de los juzgados de Madrid, "éstos son, según la ley, el propio decano y el secretario".El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está investigando, precisamente a instancias del juez decano, Antonio García Paredes, si algún funcionario, juez o secretario manipuló el reparto de causas para que -como se ha comprobado- los procedimientos que más beneficio reportan (suspensiones de pagos y quiebras) fueran a parar casi siempre a los mismos juzgados y a los mismos interventores (profesionales del derecho o la economía que se ocupan de controlar las empresas mientras se resuelve, por ejemplo, una quiebra empresarial). Este tipo de procedimientos suelen reportar suculentas comisiones a los interventores, que, según la ley, deben ser elegidos por los jueces.

Según Andrés Sariz, presidente nacional de justicia de la CSIF, el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es taxativo: "El reparto se realizará bajo la supervisión del juez decano, asistido de un secretario, y corresponderá a aquél resolver con carácter gubernativo las cuestiones que se planteen y corregir irregularidades".

Francisco Jiménez, de la ejecutiva de CC OO-Justicia, coincide con Sanz en este aspecto, y también en que "los funcionarios no tienen ningún tipo de responsabilidad". Fuentes judiciales aseguran: "Muchas veces, los jueces y los secretarios se ven obligados a delegar asuntos de su competencia por saturación de trabajo". "Si así es, me sorprende que, en la pretendida reforma de la oficina judicial, el colectivo de secretarios quiera adquirir más competencias", ironiza el presidente de la CSIF.