El dinero para realizar los realojamientos continúa en el aire

JUAN A. CARBAJO, El Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada se ha quedado sin gasolina a mitad de camino y nadie tiene los 3.000 millones de pesetas que se necesitan para ponerlo de nuevo en marcha. El Ayuntamiento y la Comunidad invitaron a la Delegación del Gobierno a formar parte de la institución, pero no han conseguido que soltara un duro por ello. Sólo se han puesto de acuerdo en crear una unidad especial para localizar y derribar las nuevas chabolas que se levanten.

Las tres administraciones implicadas en el programa de realojamiento de la población marginada no se ponen de acuerdo sobre la parte que debe aportar cada una para reactivarlo. El plan se ha quedado bloqueado por problemas de financiación, justo al llegar a la mitad de sus objetivos. El consorcio ha realojado ya al 54% de las 2.670 familias, la mayoría gitanas, censadas en 1986 para facilitarlas una vivienda. El resto aún deberá esperar.El Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento no encuentran la fórmula para repartir la carga de 3.000 millones de pesetas que se necesitan para proseguir el programa de realojamiento. Eso, sin contar los 500 millones de pesetas anuales que cuesta mantener viva la maquinaria del consorcio.

Los máximos representantes de las tres partes se reunieron ayer durante dos horas en la Delegación del Gobierno. Al acabar la sesión, el presidente regional, Joaquín Leguina, reconocía que "existen problemas" para llegar a un acuerdo sobre la financiación. Los tres interlocutores decidieron aparcar este escollo hasta una próxima reunión.

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, comentó que para reactivar el Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada es necesaria la intervención económica de la Administración central. El Estado entrará oficialmente a formar parte de la entidad, una vez que se firme el nuevo convenio, en el caso de que finalmente se llegue a un acuerdo sobre la financiación.

Sin embargo, el delegado gubernativo, Segismundo Crespo, pretende que su aportación al consorcio no sea meramente económica. Según comentó, la presencia de la Administración central significa participar en programas educativos, sanitarios o policiales, y, de momento, no le obliga a transferir dinero.

Mientras se desbloquea este punto, que puede retrasar la firma del nuevo convenio, los responsables de las tres administraciones han optado por impedir el establecimiento de nuevas infraviviendas. Para ello, el consorcio contará con una unidad de acción encargada de localizar el levantamiento de chabolas y dotada de medios para derribarlas.

"La unidad de acción tendrá unas 14 o 15 personas que vigilarán si se construyen nuevas chabolas en Madrid y en los municipios del área metropolitana", explicó Segismundo Crespo. "La unidad podrá demoler las chabolas mientras estén en fase de construcción sin necesidad de mandamiento judicial", aclaró.

Juez único

El delegado también anunció su intención de "agilizar" los desalojos de las chabolas que ya están construidas y cuyos habitantes no tienen derecho al realojamiento, al no estar incluidos en el censo realizado en 1986. "Vamos a pedir, para estos casos de desahucio y derribo, que se nombre un juez único a fin de que exista un criterio uniforme y la policía tenga claro a qué atenerse".

Por último, Crespo adelantó un nuevo plan para los poblados chabolistas formados por inmigrantes legales. "En estos casos el problema no es el dinero, ya que la mayoría trabaja, sino el encontrar a alguien dispuesto a alquilarles un piso", comentó. "Estamos pensando en la manera de entregar un aval a los caseros para que estos inmigrantes puedan vivir, pagando, en viviendas de alquiler". Este plan empezaría por el poblado de magrebíes de Peña Grande.