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Cuatro interventores acaparan el sustancioso trabajo de gestionar las suspensiones de pagos

Cuatro interventores judiciales de Madrid acaparan la gestión de las empresas que suspenden pagos, lo que les proporciona unos sustanciosos beneficios. Los interventores son profesionales de la economía o el derecho que se ocupan de controlar la empresa en tanto se resuelve el caso. El Consejo General del Poder Judicial puso ayer el tema en manos del fiscal del Estado para esclarecer las irregularidades que han hecho posible que este monopolio de interventores gestione empresas con un pasivo de 200.000 millones de pesetas.

La investigación comenzó a instancias del juez decano de Madrid, Antonio García de Paredes, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Clemente Auger. Ambos pidieron al Consejo que investigase rumores de irregularidades en la tramitación de las quiebras y suspensiones de pagos, que se consideraban atractivas para determinados profesionales.Las investigaciones han establecido que la remuneración de los interventores no la fija el juzgado, sino que son los propios interventores quienes negocian el importe de sus honorarios profesionales cerca de la entidad suspensa.

En determinados casos se fijan dietas, que pueden alcanzar las 350.000 pesetas mensuales, sin perjuicio de los honorarios que luego se negocien con la empresa, arrancando de las tarifas de los colegios a los que los interventores pertenezcan.

Algunas tarifas oscilan entre las 250.000 pesetas para suspensiones de hasta 50 millones de pesetas y los tres millones de pesetas de honorarios para suspensiones de 5.000 millones. El exceso de 5.000 millones de pesetas se tarifa al 0,02%. Sin embargo, expertos en suspensiones de pagos dijeron conocer algún caso en que se han cobrado -no por los investigados- 55 millones de pesetas por intervenir una suspensión de 4.000 millones.

Entre enero de 1990 y mayo de 1992 las investigaciones del Consejo sacaron a la luz que existe una desigualdad numérica en los repartos de quiebras y suspensiones efectuados por la oficina común, y desigualdad también en el montante económico de las suspensiones. Así, hay juzgados a los que se reparten pequeñas quiebras, mientras que en otros se asientan grandes suspensiones.

Monopolio de interventores

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Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), existe una monopolización a la hora de designar interventores, y prácticamente en todos los juzgados de Madrid actúan Joaquín Lluch Rovira y Miguel Guijarro López y, en menor medida, otra pareja formada por Alberto Grande García y Carmina Soler Balaguero.

Entre 1990 y mayo de 1992 se registraron en los juzgados de primera instancia de Madrid 250 procedimientos (suspensiones y quiebras), de los cuales 56 se inadmitieron o finalizaron por causas distintas.

Según la documentación remitida a la Fiscalía, entre 1990 y mayo de 1992 Miguel Guijarro intervino en 64 asuntos, con un pasivo empresarial de 77.390 millones de pesetas. La actuación de Joaquín Lluch Rovira alcanzó a 72 asuntos, con un pasivo de 73.197 millones. Alberto Grande fue designado en 26 asuntos, con un pasivo de 21.932 millones, y Carmina Soler Balaguero, en 26 asuntos de, compañías en crisis, con un pasivo de 21.393 millones. Las designaciones de otros economistas, profesores mercantiles o censores, de cuentas son aisladas.

A esta situación contribuye, según las fuentes consultadas, que el personal colaborador de la justicia mantiene una "palmaria desorientación" a la hora de tramitar suspensiones de pagos y quiebras. Son siempre los funcionarios más antiguos del juzgado los que intervienen en la tramitación de las quiebras. La designación de interventores se hace por los jueces, que sólo excepcionalmente acuden a los colegios profesionales.

En el curso de las investigaciones se comprobó que distintos profesionales de las suspensiones de pagos presentaron tarjetas en el despacho del secretario del decanato para ser designados. Así, desde el momento en que se distribuye un procedimiento en la oficina de reparto hasta que éste llega al juzgado, se produce un verdadero trasiego de profesionales de las suspensiones con el fin de entrevistarse con los jueces, pidiendo el futuro nombramiento.

Joaquín Lluch Rovira manifestó anoche a EL PAÍS: "Nosotros no sabemos nada de este tema. Eso está totalmente terminado y creo que la noticia está desfasada, pero mejor que se dirijan al Consejo General".

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