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El juzgado desaloja a unos vecinos sin esperar a que se determine si son los dueños de la casa

Funcionarios del juzgado acudieron ayer al número 32 de la calle de Peñuelas (Arganzuela) para desalojar por ruina económica (elevado coste para arreglar la casa) a las dos familias que permanecían allí. Una de las viviendas quedó precintada. La otra no. El médico forense no se atrevió a echar a la calle a un anciano con una pierna amputada e insuficiencia respiratoria y a su esposa, parapléjica. Los otros cuatro inquilinos fueron expulsados en julio. Desde hace años reivindican que son los dueños del edificio. Pero la orden de desalojo ha llegado antes que la decisión judicial sobre la propiedad.

Este edificio de una planta y trece cuartuchos de 14 a 20 metros cuadrados tiene más de un siglo. Ha visto nacer y crecer a varias generaciones de as familias ahora desalojadas. En todo este tiempo la situación jurídica del inmueble se ha ido enmadejando hasta llegar al punto actual de no saberse quién es su propietario.Desde hace años, las seis familias que continuaban como arrendatarias y una empresa constructora están en litigio. Cada uno de ellos se considera dueño del edificio y lo cierto es que la finca está inscrita dos veces con distinto número en el registro de la propiedad.

La resolución judicial que defina quién es el propietario de estas viviendas y quién no está aún pendiente. Sin embargo, una de las partes ha conseguido ya que el juez ordene la expulsión de la otra, los arrendatarios.

Todo el enredo en torno a esta finca bien situada, cerca del Pasillo Verde y en una zona de auge urbanístico, comenzó a fraguarse en el año 1929. Desde esa fecha el edificio no está inscrito en el registro.

El cobro de los exiguos alquileres, en torno a las 100 pesetas, lo efectuaban diferentes administradores que acudían en nombre de una entidad religiosa. Desde 1978 nadie acude a recaudar los recibos.

En 1979, como nadie acometía las reparaciones necesarias, los inquilinos presentan una denuncia contra, el arzobispado, ya que en algunos recibos figuraba una asociación religiosa sita en Madrid. Pero ese mismo año los hermanos Béjar Vicente compran el inmueble, por 500.000 pesetas. Su abogado, Juan Cabello, explica que "como la finca no figuraba en el registro hubo que inscribirla con un nuevo número", añade.

Desde entonces el inmueble está inscrito por partida doble. En una figuran como dueños los hermanos Béjar. En otra aparecen como propietarios, desde 1987 las seis familias arrendatarias de la finca. Los inquilinos se acogieron a la prescripción extraordinaria de dominio sobre bienes, inmuebles, según la cual cuando un bien no está registrado puede pasar a ser su propietaria la persona que lo ha poseído durante treinta años. Y estos vecinos llevan más de ese tiempo viviendo en la casa.

Los arrendatarios y los hermanos Béjar mantienen pleitos constantes desde 1979 por la propiedad de la finca y por los arreglos que ésta necesita. Los vecinos no reconocen a los constructores como dueños del inmueble pero, desde hace una década, les denuncian por no arreglar el edificio. Por otra parte, los constructores se consideran dueños legítimos de la casa aunque, desde hace un año, cuando el Ayuntamiento les requiere para que atajen la ruina del edificio replican que "no es posible porque está en discusión la propiedad".

En medio de esta maraña, el pasado mes de julio llega la orden judicial para desalojar el edificio por ruina económica (cuando el coste de las reparaciones supera el 50% de su valor, sin contar el suelo). La única familia que queda, formada por los dos ancianos en precario estado de salud y otros seis familiares, permanecerá allí hasta que pueda garantizarse su traslado a una residencia para asistidos o a un piso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de septiembre de 1992

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