El Gobierno ampara a guardias civiles y policías condenados por malos tratos
Policías y guardias civiles condenados por delitos de torturas reciben trato de favor por parte del Gobierno y la Administración de Justicia. Prácticamente ninguno ingresa en prisión, muy pocos cumplen penas de inhabilitación y algunos de ellos son indultados. Según Interior, en 1991 hubo 268 procedimientos judiciales contra 500 funcionarios denunciados por malos tratos, lesiones o torturas. La Asociación contra la Tortura afirma que en los últimos tres años han sido condenados 78 funcionarios.El último caso conocido afecta a un capitán de la Guardia Civil que, pese a estar condenado por torturas, ha sido nombrado asesor de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad.
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