Abierto sumario al 'numero dos' del PP gallego por presunta malversación

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha decidido abrir sumario al secretario general del Partido Popular (PP) de la comunidad autónoma y consejero de Ordenación del Territorio, Xosé Cuiña Crespo, por una denuncia del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que lo acusa de malversación de fondos, prevaricación y falsedad de documentos. La organización nacionalista le atribuye la responsabilidad directa de varias irregularidades en contrataciones de obras, desde el incumplimiento de trámites legales hasta la existencia de facturas raspadas y enmendadas. Cuiña se declaró ayer "absolutamente tranquilo" y aseguró que todas sus decisiones fueron avaladas por sus equipos técnicos y jurídicos.Los denunciantes afirman que dos partidas presupuestarias de 971 millones en total fueron destinadas a pagar gastos de la campaña de Manuel Fraga a la presidencia de la Xunta en 1989 y de las municipales de 1991.

Xosé Cuiña es un hombre que se hizo a sí mismo política y profesionalmente desde la alcaldía de Lalín (Pontevedra) hasta su actual consideración como número dos de la organización gallega del PP.

El BNG denunció el pasado 3 de abril ante el juez presuntas irregularidades en el área de Vías y Obras de la corporación provincial, que depende de la Presidencia de la Xunta.

La condición de aforado de Cuiña trasladó el caso al Tribunal Superior de Galicia, que la pasada semana decidió admitir a trámite la denuncia. Ayer, la Sala de lo Civil y de lo Penal decidió instruir ayer el sumario y nombrar juez instructor al magistrado Pablo Saavedra.

Triple investigación

"En la denuncia hay materia susceptible de investigación. Al final de la misma se decidirá si hay indicios de delito o no", declaró ayer el instructor, miembro de la Sala que juzgó por prevaricación al ex vicepresidente gallego, José Luis Barreiro, y uno de los tres magistrados que votó a favor de su absolución. Según informó Saavedra, tanto el Tribunal de Cuentas como el organismo autonómico correspondiente, el Consejo de Contas, realizan una investigación paralela sobre los expedientes objeto de denuncia.

Según un escrito de alegaciones que el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Cesáreo Mosquera, presentó en diciembre de 1991, adjuntado ahora a la denuncia, en el ejercicio de 1990 se autorizaron por resolución presidencial cientos de mandamientos de pago -de cuantía no especificada- a pesar de que el informe del interventor advertía de la nulidad de los contratos.

Asimismo, en este informe, que sirvió de base a la demanda judicial, se consignan otras facturas firmadas por personas ajenas a los ayuntamientos en donde se habían realizado las obras, todos ellos gobernados por el PP. También aparecen partidas presupuestarias de obras distintas a las aprobadas inicialmente Y facturas retocadas con tipex.