Rojiblanco oscuro

LA DENUNCIA presentada ayer por la Asociación de la Prensa de Madrid contra el Atlético de Madrid, al que acusa de haber coartado la libertad de información, otorga dimensión jurídica al conflicto planteado entre ese club y los medios de comunicación. La pretensión de cobrar una cuota para poder informar de los partidos es discutible. Es cierto que, con la nueva legislación, los clubes se han transformado en sociedades anónimas deportivas, pero conservan características que impiden su equiparación a una sociedad mercantil normal. Tampoco es válido el argumento de que las televisiones pagan por transmitir los encuentros. Al hacerlo están reproduciendo un espectáculo, mientras que el informador radiofónico y periodístico está traduciendo ese espectáculo a palabras: recreándolo con su mediación. Ese trabajo cuenta con la protección específica del artículo 20 de la Constitución sobre el derecho a la información. Que los clubes otorguen a los informadores facilidades técnicas para realizar su labor es una práctica universal: ambas partes se necesitan. Los clubes no tienen obligación de proporcionar esas facilidades, pero tampoco derecho a impedir o dificultar la tarea informativa de los periodistas que presencien los partidos provistos de su correspondiente localidad, adquirida en taquilla. El espectáculo del domingo, con los guardias de una empresa de seguridad cacheando a los periodistas en el estadio y arrebatándoles teléfonos y otros instrumentos necesarios para su trabajo, no fue un espectáculo gracioso, aunque sirviera para hacer gracias una vez más sobre las ocurrencias del presidente de ese club.