La corrupción política se tiñe de sangre

Sergio Moroni se disparó un fusil en la garganta el miércoles por la tarde, en su casa de Brescia. Tenía 45 años, una hija de 16 y una esposa. Era diputado y miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Italiano (PSI), en el que antes había desempeñado la secretaría general lombarda, y se sentía amenazado por dos peticiones de procesamiento que los jueces que investigan el tráfico de comisiones ilegales en Milán habían cursado al Parlamento en su contra.Moroni engrosó así el tercer puesto de la lista de los implicados en el escándalo que han tomado el suicidio como salida extrema. El primer caso fue el de Renato Amorese. Poco después de dimitir de su puesto como secretario del PSI en la localidad de Lodi, se pegó un tiro en su coche, el pasado 17 de junio.

Sólo uno de estos implicados, Mario Majocchi -otro disparo, el 27 de julio-, era empresario, y es de señalar que los dos políticos restantes eran socialistas. Curioso, porque, aun siendo éste el partido más afectado por un asunto que ensombrece a casi toda la clase dirigente italiana, el PSI ha sido también, probablemente por la misma razón, el grupo que más ha defendido a sus implicados desde una absoluta cerrazón a reconocer cualquier culpa.

"No hay un problema de honestidad, sino un problema técnico de financiación de los partidos", ha reiterado desde el primer momento el secretario general del PSI, Bettino Craxi.

Al hilo de noticias como la muerte trágica de Moroni, que le estaba próximo, y de acusaciones directas de disidentes socialistas, como el ex presidente de la Banca Nazionale di Lavoro (BNL) Nerio Nessi, Craxi avanza hacia el centro de la ya evidente tela de araña urdida en Milán para encarecer ¡legalmente el coste de la política. Y para aniquilar, al mismo tiempo, las sacrosantas normas de la libre competencia entre empresas.

Sólo el contribuyente ha perdido en ese juego, al que se prestaron, sin distinción de credos, comunistas, liberales o democristianos, junto a la flor y nata de la economía italiana. En efecto, máximos dirigentes de empresas como Montedison, Siemens, Cogefar-Inpresit (la primera constructora italiana) o Iveco -estas dos últimas del grupo Fiat- han tenido que responder a la justicia, y una personalidad como el financiero Salvatore Ligresti, el sexto hombre más rico de Italia, ha pasado el verano en la cárcel, donde se encuentra todavía. Nessi acusa precisamente a Craxi de haber presionado para que la BNL concediera a Ligresti un crédito de casi 30.000 millones de pesetas.

Si la existencia de la trama es clara, existe el riesgo de confundir el hilo con el vacío, como en toda tela de araña. Así, un hermano del difunto Moroni desmintió ayer drásticamente los rumores de que el suicida padeciera un cáncer de riñón, lanzados desde medios socialistas. Hay también todo un juego de ataques a los jueces que algunos periódicos atribuyen a Craxi y otros a abogados - de empresarios implicados, y que luego los supuestos responsables de tales declaraciones, sorprendentemente, niegan. Pero, cualquiera que sea su desenlace, parece inevitable que el escándalo de la corrupción tenga efectos decís¡vos en una próxima reorganización de la política italiana.