Reflexiones sobre la privatización

Desde ciertas posiciones, sin duda, las más extremas entre los críticos de la empresa pública, ésta y el libre mercado son vistos como términos incompatibles. Otros, más moderados y también más numerosos, quieren dejar de lado las posturas más ideologizadas y buscan argumentos en un supuesto plus de eficiencia económica inherente a la empresa privada. Por fin otros, preocupados por la difícil coyuntura económica, creen que la enajenación de empresas públicas sería un buen remedio al problema del déficit público.Por mi parte, querría poner en consideración algunas reflexiones. La empresa pública lo es en cuanto que está participada en su capital por el Estado, pero se distingue claramente de la Administración Pública por su condición misma de empresa. A partir de esa premisa es difícil establecer características generales.

Pasando por alto argumentaciones teóricas acerca de la bondad o maldad intrínseca de la participación estatal en las empresas, el hecho es que se ha dado en la práctica totalidad de los países europeos occidentales. De manera que en el conjunto de los países de la CE y atendiendo a su peso en cuanto a empleo, producción e inversiones, la empresa pública representa algo más del 12,5% de la actividad económica total, después de haber vivido un importante proceso de privatización, con especial peso en el Reino Unido.

Este movimiento privatizador se ha ralentizado progresivamente, y se ha visto acompañado en el último lustro por otras tendencias: adaptación paulatina de su status jurídico al derecho mercantil; extensión de los criterios de autonomía, productividad y rentabilidad en la gestión, e impulso a la proyección exterior y a la cooperación con el sector empresarial privado.

Respecto a los procesos privatizadores, encontramos interpretaciones diversas. En sentido estricto, la privatización no es sino la venta de los activos del sector público al privado, con todo lo que este cambio de titularidad puede conllevar. Pero también suele asociarse a esta corriente el énfasis en la desregulación de mercados monopolísticos o con situaciones de privilegio, así como la preferencia por la contratación de servicios públicos al sector privado. La desregulación de los mercados y la adaptación de las empresas públicas al derecho privado son procesos que se están dando de hecho en tanto que armonizamos nuestro ordenamiento a las disposiciones comunitarias.

Dejando de lado las argumentaciones de carácter puramente ideológico, podemos deslindar claramente aquellos razonamientos basados en beneficios para la vida de la propia empresa de aquéllos que atienden a criterios ajenos. Este último caso se concreta en la actualidad en la propuesta de venta de activos públicos para financiar el déficit público. La conclusión acerca de si la medida sería o no efectiva requiere, ante todo, un ejercicio aritmético o contable que obtenga el saldo entre los ingresos percibidos por la venta y la actualización de los ingresos derivados de los resultados de ese activo si no se vendiera. En el caso de que lo que se venda sea un activo deficitario el saldo será obviamente positivo siempre que exista alguien que compre con garantías de no devolución y que no exija saneamiento previo o éste no sobrepase el adecuado.

¿Qué hay que vender?

En definitiva, para valorar correctamente la operación hay que contar, además de con la relación entre el ingreso por la venta y su rentabilidad futura perdida, con su efecto sobre la rentabilidad de activos no vendidos. Y por supuesto, comparar no sólo el binomio coste del capital-dividendo, sino también su conexión con la totalidad de la retribución que se percibe; es decir, con el beneficio total compuesto por ese rendimiento y el beneficio no distribuido que aumenta el valor patrimonial. La elección de activos privatizables es, sin duda, el elemento central de la discusión, y un error en esta elección pudiera ser trágico para el propio déficit futuro. Por otra parte, los efectos negativos serán evidentes si se vende el activo rentable y se mantiene el deficitario.

Si nos atenemos ahora a las posturas favorables a la privatización de las empresas públicas en razón de su baja eficiencia comparativa, tenemos que afirmar con rotundidad que cuando en la empresa pública se aplican criterios estrictos de gestión empresarial, como ocurre salvo justificadas excepciones, los resultados siguen la misma orientación que el resto de las empresas del sector en el que opera; en unos casos son mejores y en otros peores, pero siempre a causa de factores ajenos a la titularidad.

En alguna ocasión se ha criticado a la empresa pública, afirmando que desarrolla "sólo un programa de estrategia empresarial y no un diseño de política industrial". Este ataque puede ser considerado una alabanza. En cualquier caso, no se puede exigir a un tiempo máxima rentabilidad y bienes sociales gratuitos, so pena de caer en una grave contradicción.

La privatización no es una receta universal para mejorar la eficacia, y no resulta adecuada si se pretende aplicar a un grupo como Teneo -recientemente creado por el INI con aquellas empresas gestionadas con criterios estrictamente empresariales- sin considerar el objetivo fundamental con el que nace: asegurar una presencia estable de la empresa española en el mercado-europeo y mundial en el difícil y competitivo horizonte a largo plazo de la economía internacional. No quiere esto decir que la titularidad de estas empresas no pueda nunca variar en su composición: nada más lejos de nuestra posición. La existencia de distintas bases accionariales otorga valor añadido a la mayoría de los proyectos empresariales. No hablamos tampoco de mantenimiento a ultranza de la mayoría del capital en manos públicas. Lo que sí debe quedar claro es que una mayoría de capital privado en una empresa no garantiza per se su rentabilidad, al igual que no existe relación directa alguna entre lo público y lo deficitario (recordemos que en la mayor parte de los casos, las empresas públicas industriales pasaron a depender del Estado como fruto del fracaso del sector privado en su gestión).

Si una de las causas de la existencia de la empresa pública es que no ha habido acumulación de capital privado industrial en España, no parece previsible -y a los hechos me remito- que ello pueda variar sustancialmente en un próximo futuro. Frecuentemente se observa cómo corporaciones que nacen en principio con espíritu de estabilidad, o desaparecen o son enajenadas, previa segregación y división, a capitales extranjeros.

Un gran grupo español

Cuando se habla de que la empresa pública -o fuertemente participada por el sector público- de saparecerá de nuestro país en 10 años, creo que se incurre en un error conceptual: si desaparece la empresa pública, lo que habrá desaparecido será la empresa española, al menos la gran empresa, y será un eufemismo hablar de pública o privada. Esto introduce un elemento a tener en cuenta en el análisis efectuado: la existencia de capitales extranjeros, vía multinacionales, que se introducen en el mercado español a través de la compra de empresas, bien para copar esos mercados, bien para, en el mejor de los casos, potenciar o al menos mantener el tejido industrial existente. Este hecho es contemplado por algunos no sólo con indiferencia, sino como algo deseable: si no hay fronteras da igual que la propiedad esté en manos nacionales o extranjeras. Es indudable que para mí no es así.

Se presentan así dos alternativas a nuestro futuro industrial: o no habrá grandes grupos industriales o si existen estarán en manos de intereses extranjeros. Sin tratar de poner puertas al campo, y tratando de huir de apriorismos injustos o maximalistas, tenemos ejemplos recientes de la forma de actuar de las multinacionales, que cuando la situación se deteriora, con toda lógica empresarial y económica, tratan en primer lugar de mantener su estructura y empleo en el país de origen. En cualquier caso, existe un efecto sede, en el sentido de que la matriz siempre localiza en su propio país las actividades de mayor valor añadido: I+D, diseño, política comercial...

La existencia de la empresa pública está justificada tanto por su propio origen histórico, como impulsora de actividad económica, como por su legitimidad actual en tanto que empresa, pública o privada, amparada en la legislación española y comunitaria. Las ineficiencias derivadas de su tamaño se ven compensadas por las sinergias derivadas en multitud de temas. En cuanto a una supuesta asignación ineficiente de recursos, se ve claramente negada con la mejor prueba que pueda darse, cual es la cotización de aquellas empresas públicas que operan en Bolsa en comparación con las privadas de su sector.

Por contra, la empresa pública se ha visto en algunos casos discriminada respecto a la privada por un exceso de celo en el empeño por exigir la aplicación de criterios de rentabilidad. Así ocurre con la regulación comunitaria, que niega a la empresa pública la presunción de inocencia y la obliga a una transparencia de actuación que pocas empresas privadas alcanzan.

También se duda desde determinadas posiciones sobre la sensibilidad de trabajadores y gestores de las empresas públicas hacia la rentabilidad. Sin embargo, la diferencia en materia de relaciones laborales entre empresas públicas y privadas, por lo general, está sin duda más basada en cuestiones de tamaño empresarial y del sector de actividad.

En cuanto a los gestores, hay un punto al que no quiero dejar de referirme. Hay quien mantiene que los empresarios públicos no pueden ser retribuidos al mismo nivel que los privados en tanto en cuanto han sido elegidos arbitrariamente, mientras que éstos últimos han alcanzado puestos de responsabilidad en función de sus carreras, lo que les hace automáticamente mejores. Como valor de separación entre torpes y eficaces, el criterio de la remuneración nos parece más que dudoso, aunque probablemente refleje la propia concepción de quien así lo cree.

es vicepresidente del INI y de Teneo.