A vueltas con la privatización

El Gobierno anunció la pasada primavera que iba a poner en marcha una nueva ofensiva de privatizaciones de empresas públicas como solución parcial para reducir el déficit público y ponerlo en niveles de convergencia con la CE. Se llegó a cifrar en más de 200.000 millones de pesetas los ingresos que podrían obtenerse por esa vía, afectando, principalmente a las mejores empresas públicas, la petrolera Repsol, la eléctrica ENDESA y el grupo financiero Argentaria. Nadie de la órbita del Gobierno rechistó. Sin embargo, ahora, han surgido voces de oposición a dichas medidas desde dentro mismo del entorno público.

La polémica está servida y radica en si es bueno desprenderse de empresas rentables, si el Estado debe participar en la empresa y si, en caso de privatizar masivamente (como pide el PP), se perderá la oportunidad de constituir un gran núcleo industrial en un país donde no existen grandes grupos privados.La llama ha prendido desde que algunos altos ejecutivos de grupos públicos, presidentes de empresas y expertos han advertido, sin tapujos, del peligro que entraña la venta de empresas rentables con el único objetivo de cubrir el déficit público. El vicepresidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Miguel Cuenca, puso el dedo en la llaga el pasado miércoles en un curso sobre empresa pública en San Lorenzo de El Escorial. "Ahora se habla menos de gestión y, sin embargo, se apoya la privatización como panacea económica ante la necesidad de reducir el déficit público", dijo. Para apostillar: "Si se vende lo rentable y se mantiene lo deficitario el efecto será disminuir el déficit un año y elevarlo los futuros".

Era la primera vez que alguien directamente relacionado con el Gobierno ponía en tela de juicio una decisión del propio Gobierno. Pero desveló que existen discrepancias sobre el futuro que debe tener la empresa pública. Las tesis de Cuenca, además, fueron reforzadas por el catedrático Julio Segura, director gerente de la Fundación Empresa Pública y consejero del Banco de España, y por el presidente de ENDESA, Feliciano Fuster. Segura, quien subrayó que lo que hay que buscar con las privatizaciones es la eficiencia, mantiene que ésta no se consigue con la venta de empresas rentables como Repsol o ENDESA. Por su parte, Fuster fue claro al decir, con palabras medidas, que "no recomendaría a mi accionista [el INI] vender una parte de la sociedad para aliviar el déficit".

Mientras tanto, los ministros de Industria, Claudio Aranzadi, y de Economía, Carlos Solchaga parecen más preocupados en la elaboración de unos presupuestos fuertemente restrictivos.

La decisión de privatizar es apoyada, sin embargo, a tumba abierta por Óscar Fanjul, presidente de otra de las joyas de la Corona, Repsol. Fanjul, además de pedir que el Estado rebaje su participación a menos del 50% -ahora tiene el 64,5%- aunque no pierda el control, ha predicho "la privatización masiva de empresas públicas en Europa" como consecuencia de los acuerdos de Maastricht y las necesidades de convergencia. Italia, que ha anunciado la privatización de varias sociedades, es un ejemplo.

La anunciada nueva oleada de privatizaciones empezó a cristalizar con la emisión de bonos convertibles en acciones de Repsol por valor de 50.000 millones, lo que supone algo más del 5% de su capital. La eléctrica ENDESA -a través de la que el Estado ha formado un importante grupo con la compra de acciones en eléctricas privadas- alcanzaba un acuerdo para intercambiar el 10% del capital con la alemana RWE, lo que reduce la participación pública al 65%.

Es posible que, en ambos casos, como pudiera ocurrir también en el Banco Exterior (controlado a través de Argentaria) no importe perder la mayoría si se mantiene el control. Es una de las opciones que más contundentemente han defendido desde el Gobierno. Pero, la principal cuestión radica en si este proceso puede llevar a que se pierda la oportunidad de constituir un gran grupo español. Con ese objetivo, según sus responsables, se constituyó la sociedad Teneo con las empresas rentables -"o con futuro"- del INI.

Aunque los directivos de Teneo y el propio Aranzadi nunca han rechazado la posibilidad de que se privaticen algunas empresas, la interrogante se centra en qué sucedería si ese grupo Teneo o el propio INI se quedan únicamente con las empresas menos rentables. Su vicepresidente, Cuenca, se lo pregunta: "Si desaparece la empresa pública industrial o se venden grandes participaciones lo que habrá desaparecido es la empresa quedando dos alternativas a nuestro futuro industrial: o no habrá grandes grupos, industriales o si existen estarán en manos extranjeras". Lo cierto es que, de las principales ventas de empresas públicas, la mayor parte ha pasado a depender de multinacionales.

Desde 1983, España ha vivido un fuerte proceso privatizador de empresas públicas, la mayor parte de las cuales habían ido a parar a Estado por incapacidad de la iniciativa privada para sostenerlas. Un caso concreto de rápida ejecución fue la expropiación y reprivatización de las empresas del grupo Rumasa. Sea como fuere, el caso es que España, donde el peso de las empresas públicas es el 10% del PIB por el 12,6% de la CE, ha sido, tras el Reino Unido, el país que más ha privatizado.