Auger defiende que los jueces favorezcan un posible acuerdo Gobierno-ETA

El magistrado Clemente Auger, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declaró ayer a este periódico que, si el Gobierno pactara una tregua con ETA o encontrara alguna otra solución "para resolver el problema de la violencia terrorista, no cometería prevaricación", frente a lo asegurado por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares. Por el contrario, Auger estima que, de llegar el Ejecutivo a esa solución, los jueces deberían aplicar las normas sobre ejecución de las penas, sin infringir la ley, del modo que favoreciera más esa solución.Manzanares manifestó recientemente que si el Gobierno acordara una tregua con ETA podría cometer prevaricación, por dejar de promover la persecución y el castigo de los delincuentes (véase EL PAíS del lunes último). Auger no coincide con este criterio: "El Ejecutivo tiene a su cargo buscar las vías más oportunas, con el apoyo de la opinión pública, para,resolver el problema de la violencia terrorista. Y una vez que las haya encontrado, es imposible pensar en una prevaricación. Aquí sí que estaría dispuesto a resucitar el concepto de acto político no controlable judicialmente".

El vicepresidente del CGPJ recordó que "hay un control judicial de la ejecución de las penas" y, que el cumplimiento de las mismas o las libertades condicionales no son competencia del Gobierno. Auger, a quien desde sectores judiciales se quiere promover para presidente de la Audiencia Nacional, recuerda que, sin embargo, "en la ejecución de las penas hay una gran discrecionalidad en la concesión de los beneficio", por lo que "se debe poder pedir a los jueces lealtad" y "la interpretación que pueda favorecer más a la solución que haya encontrado el Ejecutivo para ese problema".

'Ley Corcuera' y pruebas

Respecto a los primeros tropiezos ante los tribunales del registto policial sin mandamiento judicial previsto en la ley Corcuera, Auger opina: "A los jueces lo que más les interesa es la validez o no de las pruebas de narcotráfico obtenidas dentro de un domicilio sin mandamiento judicial. La ley se remite a la fiagrancia. Si existe ésta, la prueba es válida. El problema es, que en delítos de narcotráfico es casi de laboratorio el que pueda darse la fiagrancia, por una razón poco esgrimida: porque el bien jurídico que protege este tipo penal es la salud pública y persigue conductas delictivas que no tienen víctima ni perjudicado directo".El magistrado Auger explica lo que ocurre con otros delitos: "En un caso de robo, violación o lesiones, la intervención policial sin mandamiento judicial por delito flagrante termina en la aprehensión de los instrumentos del delito y del delincuente, no en la detención de la víctima. Cuando se penetra en un domicilio donde se practica narcotráfico y hay compradores, también se detiene a los compradores, porque no son perjudicados directos".