¡Pobre justicia!

Cuando Alfonso Guerra anunció a viva voz que Montesquieu había muerto -refiriéndose a la independencia de los poderes del Estado-, probablemente nadie sospechó que nunca había hablado más en serio. Está claro. Al judicial, uno de los tres, le ha tocado la china, no dejando de recibirlos golpes que certeramente le han ido asestando los otros dos. Y eso sin contar los males que, ya en sí y de modo sempiterno, aquejan a nuestra justicia, no siendo de entre los menores la carencia de medios y la lentitud, que, de hecho, la hacen casi inexistente por ineficaz.Con la Ley Orgánica del Po-der Judicial -Y de forma anticonstitucional (artículo 122)-, en el 85 el legislativo se apropia de la facultad, hasta entonces compartida con jueces y magistrados, de elegir el total de miembros de su órgano de autogobierno, el Consejo General (primer golpe). Tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 91 -y vulnerando el principio básico de laigualdad ante la ley (artículo l4)-, a un puñado de españoles se les considera diferentes del resto en cuanto a la obligación de declarar en persona, pudiéndolo hacer por escrito, lo que, por otra parte, comporta el entorpecimiento de la acción judicial (otro golpe).

Y, lo último, por si ello fuera poco, con la aprobación de la ley Corcuera, se permite a la policía violando un derecho fundamental y en un atentado constitucional sin precedentes (artículo 18), habiéndose pronunciado en este sentido el Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunyapoder entrar en los domicilios prescindiendo del imprescindible mandamiento del juez, arrebatándole así tan colosal y garantizadora potestad (nuevo golpe). ¡Pobre Constitución, pobre justicia... y pobres de nosotros!-