Los jueces critican al fiscal general del Estado por querer "poner una coraza" a los políticos

Colectivos judiciales de distinta tendencia ideológica mostraron ayer, su asombro por las declaraciones de¡ fiscal general del Estado, Eligio Hernández, publicadas el miércoles por EL PAÍS, en el sentido de que ordenará a los fiscales que se opongan a las querellas -infundadas, siempre que éstas afecten a políticos. Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, destacó la "imposibilidad" de que los fiscales sustituyan a los jueces en la dirección de la investigación penal y calificó la futura instrucción de Hernández como "una nueva coraza para los políticos y especialmente para los que están en el Gobierno".

El presidente de la APM considera correcto que el fiscal se oponga "a las querellas infundadas, cualesquiera que sean -venganzas personales, razones económicas e incluso de fundamento político-, pero, inatizó, "si sólo se opone a las querellas contra políticos, será una nueva coraza para los políticos, especialmente para los que están en el Gobierno".El presidente de la APM recordó que, de prosperar tal instrucción, vendría a unirse a la protección de la que ya disfrutan los políticos, mediante los suplicatorios y. los tribunales superiores para juzgarles.

En cuanto a la propuesta de que los fiscales asuman la jefatura de la policía judicial para la investigación en el proceso penal, Rodríguez Arribas la estimó Iegalmente no posible, porque el control de esa investigación corresponde a los jueces de instrucción". Recordó que la APM se ha opuesto enérgicamente al cambio de la legislación actual, "mientras no se modifique la actual dependencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo, ya que dar la 'instrucción al fiscal actual sería tanto como confiar al Gobierno la decisión sobre la investigación y la acusación penal".

En ausencia por vacaciones del actual portavoz de Jueces para la Democracia y otros miembros del secretariado, el anterior portavoz de la asociación judicial progresista y minoritaria, Antonio Gil Merino, señaló que "las motivaciones de las querellas son problemas de la parte, no del poder judicial, al que corresponde investígar no tales motivaciones, sino la apariencia delictiva de los hechos que se imputan".

No al "juicio de intenciones"

Estimó aceptable que el fiscal se oponga a las querellas infundadas, "al margen de su motivación y sin hacer nunca un juicio de intenciones". Respecto al proyecto de Hernández de que los fiscales dirijan la investigación penal, Gil Merino recordó que la Policía Judicial debe depender directamente de. jueces y fiscales, "pero -no se puede cambiar la actual dependencia de Interior por la dependencia, del fiscal". Añadió: "Nosotros somos partidarios de las unidades policiales a la orden de los fiscales, pero también bajo la dependencia de los jueces".

En cuanto a la decisión del fiscal de potenciar la ley,Corcuera, mediante el control de la Policía Judicial por los fiscales, Gil Merino señaló: 'Tos fiscales nada tienen que ver con las competencias gubernamentales y no deben ser instrumentalizados a su servicio".

El anterior portavoz de Jueces para la Democracia mostró su perplejidad ante el proyecto de que sean los fiscales los q ue soliciten los mandamientos de entrada y registro en los domicilios y se preguntó si en,los casos en que la ley Corcuera permite el registro sin mandamiento judicial, se exigirá, en cambio, la autorización del fiscal. Gil Merino evaluó las manifestaciones de Hernández como "un acercamiento peligroso del Ministerio Fiscal al Ministerio del Interior".

No fue posible obtener la opinión de ninguna de las dos asociaciones de fiscales ni de ningún miembro representativo del Ministerio Fiscal.