Un estudio en el cajón

Entre las ocho candidaturas a los Juegos del 2000 -el récord, hasta ahora, de aspirantes- hay algunas meramente testimoniales, como las de Estambul, Brasilia y Taskhent, para las que ello supone tan sólo la posibilidad de que durante algunos años su ciudad ocupe un lugar en la prensa internacional y genere un interés mundano que de otra forma dificilmente podrían alcanzar. Es un modo de promoción legítimo, pero que, sin embargo, complica el ya de por sí polémico camino hacia la nominación. Detrás de determinados intentos olímpicos hay un interés ya no meramente colectivo, ciudadano, sino una apuesta personal de dirigentes políticos y económicos locales: a menudo, el globo sonda de los Juegos facilita su carrera profesional y abre perspectivas solventes de promoción.En otras ocasiones, como en el caso de Seúl 88 y ahora el de Pekín, la candidatura está ligada a evidentes problemas de geopolítica. Los Juegos son para China una manera más de levantar, aunque sólo sea unos centímetros, el baldón de Tiannanmen que pesa sobre sus actuales autoridades y dificulta su inscripción en el mundo desarrollado.

En los archivos del COI reposa un estudio que la Comisión Ejecutiva elaboró hace un par de años sobre la posibilidad de limitar el número de ciudades candidatas y evitar, así, los problemas derivados de una concurrencia excesiva. No obstante, ese informe, que preveía que en el último tercio de la carrera olímpica las candidaturas se redujesen a dos, no ha contado con el visto bueno de Juan Antonio Samaranch ni de otros influyentes miembros de la dirección. Las venta as de la propuesta, la limitación de las insinuaciones de corrupción que siempre planean sobre los dirigentes olímpicos, especialmente en los meses cercanos a la nominación; la imposibilidad de que el COI sea utilizado por intereses particulares, ajenos al olimpismo, y la racionalización de un proceso de encuesta que se complica extraodinariamente conforme se suman ciudades al proyecto son, sin duda, ventajas de cierta solidez. Pero los inconvenientes no son despreciables: el COI teme que una limitación de las candidaturas reste popularidad universal al proyecto olímpico -no hay que olvidar que, después del fracaso económico de Montreal 76, sus dirigentes iban a la caza y captura de ciudades con la misma tenacidad y desconsuelo con que Diógenes buscaba un hombre- y evalúa también negativamente los problemas que surgirían de un doble descarte: a la decepción que acompaña siempre la definitiva nominación habría que añadir, según el proyecto, las decepciones del descarte previo mucho más peligrosas si se tiene en cuenta que el proceso de designación seguiría, aunque limitado, en curso.

Otras variaciones en el sistema de designación tienen un horizonte mucho más problemático. La principal, que alguna vez ha sido insinuada por Samaranch, supondría designar a las sedes mediante votación pública de los miembros del COI. Sin embargo, eso supondría una modificación radical de sus hábitos de conducta y de su propia estructura interna, algo que, según todos los indicios, sólo acometerá el sucesor del actual presidente.