Juristas progresistas a favor de liberalizar los honorarios, para defensa del usuario

La Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas (FAJP), que agrupa a 13 de estos colectivos -con un total de 2.300 miembros-, se ha pronunciado por unanimidad a favor del informe del Tribunal de Defensa d la Competencia sobre la liberalización de honorarios de los profesionales liberales. La FAJP relaciona la reacción hostil de las cúpulas de los colegios profesionales con el deseo de mantener sus parcelas de poder mediante la fijación de los precios, y razona que el principal perjudicado de tales actitudes corporativas es el usuario y el consumidor.La FAJP razona que tal procedimiento "entra en contradicción con el sistema económico que el artículo 38 de la Constitución española consagra como economía de mercado". Además, considera "un despropósito que en una sociedad donde los contratos (...)están sometidos en cuanto a su precio a la libre voluntad de las partes en concreto, y en general a las leyes de la oferta y la demanda, se trate de mantener islotes de economía dirigida, con precios impuestos por corporaciones que además, en el mejor de los casos, representan a una de las partes del contrato, y con frecuencia, intereses de los sectores más conflictivos e influyentes de dichas profesiones".

Discrepancia con Pedrol

El letrado Tomás Iglesias, portavoz de la FAJP, explica la discrepancia "rotunda y radical con la Unión Profesional, con las cúpulas de los colegios profesionales que se han mostrado, beligerantes en el tema y con la pobreza de argumentos expuestos por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol", y expone las razones de su posición respecto a todas las profesiones libres. "y muy especialmente la abogacía, a la que pertenecen la gran mayoría de los miembros de las asociaciones que integran la FAJP".Iglesias asegura que las tesis de Pedrol "sólo favorecen a los sectores que habitualmente suele defender, como son los profesionales de la abogacía con prósperas situaciones económicas" y a "las cúpulas corporativas, que ven aumentadas sus parcelas de poder", mientras "los perjudicados del sistema son los abogados jóvenes y aquellos otros que orientan su actividad profesional a la asistencia de los sectores más desfavorecidos".

El portavoz de la FAR recuerda que esta situación priva a muchos ciudadanos del derecho de defensa y lamenta que Pedrol sea "tan poco sensible al respeto al derecho de defensa, al derecho a la tutela judicial ( ... ), al menos en estos casos...". Mientras tanto, "el principal perjudicado", explica la FAJP, es el usuario de la justicia, el consumidor, que al acudir a un abogado comprueba que el precio del servicio que solicita, asombrosamente, no se determina entre quien lo pide y quien lo presta, sino que lo fija el colegio profesional al que pertenece el abogado".