Prisión sin fianza para un empresario por el presunto cobro ilegal de comisiones
La juez Pilar Llorente -titular del juzgado sevillano que investiga el presunto cobro ilegal de comisiones a empresas constructoras por la ajudicación de obras públicas- ordenó anoche el ingreso en prisión provisional sin fianza del empresario Pedro Llach, por los presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. Por este asunto también fue detenido y posteriormente puesto en libertad Jorge Ollero, hermano del director general de Carreteras de la Junta de Andalucía y asesor de la constructora Ocisa.
Pedro Llach Rey, que es también asesor de Ocisa, empresa a la que se atribuye la comisión que le fue intervenida a Jorge Ollero cuando fue detenido, continuó prestando declaración durante toda la jornada de ayer. Llach se presentó el martes voluntariamente ante la policía judicial de Sevilla, que tenía una orden de búsqueda y captura contra él y, desde ese día, había estado prestando declaración en maratonianos sesiones.Mientras, el secretario general del PSOE de Andalucía, Carlos Sanjuán, anunció ayer en un comunicado que interpondrá una querella criminal contra Jorge Ollero quien en declaraciones al diario El Mundo acusaba al dirigente socialista de estar implicado en la presunta red de cobro de comisiones a empresas constructoras por la adjudicación de obras públicas.
En el mismo comunicado, el PSOE anunció su personación en el caso "para actuar contra todas las personas que aparezcan implicadas en el cobro de comisiones", y amenazó con emprender acciones penales contra "todo aquel que intente involucrar al partido en actividades ilegales".
Sanjuán reiteró ayer que "ni personalmente, ni como cargo orgánico del PSOE, he autorizado, ni consentido, ni permitido, ni facilitado que se cobre comisión alguna para finanaciación del partido o cualquier otro fin". En las declaraciones publicadas ayer, se atribuía a Ollero la afirmación de que Sanjuán pidió explicaciones al consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía porque no llegaban al partido las comisiones cobradas del 3%.
Fuentes de la Junta de Andalucía vincularon ayer todo el escándalo de las comisiones a "un grupo mafioso" que pretende introducirse en el Gobierno andaluz. Estas fuentes, que calificaron de "miserables" a las personas relacionadas con la trama, indicaron que el Gobierno andaluz mantiene toda su confianza al consejero de Obras Públicas, Juan López Martos, y al director general de Carreteras, Manuel Ollero.
Consigna
A diferencia de la actitud mostrada por el PSOE y el Gobierno socialista cuando en 1990 se desveló el llamado caso Juan Guerra, fuentes de la Junta indicaron ayer a este periódico se ha dado la consigna a todos los cargos públicos para que actúen inmediatamente ante cualquier declaración que dañe la imagen del partido o del Gobierno, y emprendan acciones judiciales ante cualquier acusación de corrupción. Tras las primeras declaraciones de Manuel Chaves, Carlos Sanjuán, y Manuel Ollero, desmintiendo la vinculación del Gobierno y del PSOE con el caso de las comisiones, ayer, Jaime Montaner, actual consejero de Economía andaluz y ex titular de Obras Públicas, calificó de "indignantes" las acusaciones y reiteró la inocencia de la Junta.Fuentes próximas al caso, han destacado también que, a diferencia del caso Juan Guerra, -que saltó a la prensa directamente de los datos del informe elaborado por un detective-, en el caso de las comisiones el anónimo -elaborado también por detectives contratados por una empresa de seguridad- dió paso a una investigación judicial y policial que se inició el pasado mes de febrero.
Estas fuentes destacaron que, durante los últimos siete meses, el trabajo seguido por el Juzgado de Instrucción número 17 y por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados sevillanos, ha sido ejemplar. La policía ha realizado una extensa investigación que abarca un buen número de intervenciones telefónicas con mandato judicial, registros domiciliarios, y seguimientos de personas. El trabajo ha sido meticulosamente realizado por el juzgado, siguiendo la última doctrina del Tribunal Supremo respecto a las intervenciones telefónicas y la trasncripción de las cintas, hasta el punto de que el decanato de jueces de Sevilla amplió la plantilla de funcionarios para que la recogida de pruebas se realizara con las mayores garantías posibles.
Por su parte, Manuel Ollero, quien según las declaraciones de su hermano estaba enterado del asunto -aunque mantiene su inocencia al igual que el consejero López Martos, mantuvo ayer su desconocimiento de los hechos que se le imputan. "No tengo respuesta para eso y no tengo nada que opinar. Eso es imputarme a mi un delito y yoa ni sabía nada, ni lo sé, ni soy consciente. Si existe ese mundo para mi está aparte", declaró Manuel Ollero a este periódico. El director general de Carreteras de la Junta anunció que estudiará con un letrado las acciones judiciales a seguir tras las acusaciones que se le imputan.
Tanto la coalición Izquierda Unida como el Partido Popular solicitaron ayer ante el Parlamento andaluz la comparecencia del presidente andaluz, Manuel Chaves, ante la comisión de Política Territorial de la Cámara, para dar explicaciones sobre el caso. La Diputación Permanente del Parlamento admitió el pasado miércoles la comparecencia ante la citada comisión, a petición propia, del consejero Juan López Martos, quien acudirá a la Cámara autonómica el miércoles 29.
