El 'supermercado de copas' de Arganzuela no tiene agua corriente
Llega el calor, florecen las terrazas y proliferan las denuncias por irregularidades en la concesión de estos chiringuitos. Los dos grandes centros de copas nocturnos de la ciudad de este verano, el supermercado de copas habilitado en la antigua fábrica de cervezas El Águila, en Arganzuela, y los dos bares montados en los patios del Cuartel del Conde Duque, no se han salvado de la quema. Un informe técnico señala que el primero carece de agua corriente, listas de precios y hojas de reclamaciones. Y que los segundos son explotados por empresas distintas a las que se les concedió.
La oposición al supermercado de copas en la fábrica de El Aguila, explotado por los propietarios de 10 bares de moda de la capital (entre ellos Archy), aumenta cada día. Ya no sólo se quejan los vecinos y los partidos políticos en la oposición.Izquierda Unida ha aprovechado las conclusiones de un informe técnico municipal para comprobar sus carencias. El estudio resalta otros aspectos negativos: los empleados no tienen carné de manipulador de alimentos, no facilitan facturas y sus instalaciones no poseen refrigeración para productos perecederos.
Francisco Herrera, portavoz del grupo municipal de IU, apunta, por su parte, que el edificio, considerado como patrimonio histórico artístico (por su estilo neomudéjar), "se encuentra en mediocres condiciones técnicas en lo que se refiere a su conservación". IU entiende, por este motivo y "por las propias vibraciones de la música, que superan en muchos decibelios lo permitido", que el inmueble corre un "grave riesgo".
Los técnicos consideran que el local carece de las condiciones necesarias para albergar la asistencia prevista, unas 5.000 personas. Además, indican otros aspectos peligrosos, como la falta de previsión de suficientes plazas de aparcamiento (hay un solar al lado para unos 500 coches).
En el Cuartel del Conde Duque, donde el Ayuntamiento ha adjudicado este verano dos bares en sus patios laterales, se han constatado también irregularidades, pero fundamentalmente en el sistema de concesión. IU denuncia que las dos adjudicaciones se han efectuado por concierto directo, por decisión del concejal de Cultura, Pedro Ortiz.
Herrera sostiene que el Ayuntamiento se inhibe a la hora de controlar precios, calidad y servicio y facilita que los posibles beneficios reviertan a manos privadas, "cuando debiera ser un bien público y complemento de las actividades culturales". IU denuncia que las empresas a las que se concedieron "a dedo" estas explotaciones no son las mismas que las que están trabajando en realidad sobre los patios.
Control policial
El control de los locales de copas tiene también una vertiente policial. La polémica ley Corcuera ha supuesto un endurecimiento de las sanciones por consumo y tráfico de drogas en lugares públicos:
Desde que la ley entró en vigor, el pasado 13 de marzo, la Delegación del Gobierno de Madrid ha sancionado a 12,5 locales "por tolerancia en el tráfico y consumo de estupefacientes". Una infracción considerada grave en la citada normativa, informa Begoña Aguirre.
Las 19 últimas órdenes de cierre cautelar fueron decretadas el pasado 17 de junio. Eran bares y discotecas de las zonas de Princesa, Moncloa, Malasaña, Orense y Chueca. Alguna de ellas no ha tenido que cerrar sus puertas por distintos motivos. Otras seis resultaron sancionadas con multas que oscilaron entre las 50.000 pesetas y un millón.
"Primero te fusilan y luego te juzgan". Así es como valora Juan Antonio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Discotecas y Salas de Fiesta, la aplicación de la tan traída y llevada medida. "Te llega una orden de cierre cautelar, echas la persiana y un mes después recibes ya el expediente sancionador", se lamenta.
Ningún portavoz de la Delegación del Gobierno pudo ser localizado ayer para que explicase cuál es el motivo concreto de sanción de cada uno de los locales clausurados.
El ultramarimos de los 'yonkis'
Los yonkis que habitan los alrededores de la Gran Vía tendrán que buscar otro sitio donde comprar los escasos y ligeros alimentos que componen su dicta habitual. El Ex Loco, un local abierto 24 horas al día en el número 4 de la calle del Clavel, fue cerrado el pasado jueves por orden gubernativa y no podrá reabrir sus puertas hasta dentro de tres meses.Esta tienda atraía, según la policía, a toxicómanos, camellos y prostitutas hacia esa calle porque favorece la adquisición del material necesario para el consumo de droga. Los dueños del establecimiento afirman que el cierre es "cosa de Ángel Matanzo [concejal del distrito Centro]", y lo consideran una auténtica arbitrariedad".
A las 20.45 del jueves, un vehículo policial acompañó a los dos funcionarios que llevaban la orden de precinto, firmada por el delegado del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo.
El cajero que cubre el turno de noche se encontró que su contrato terminaba antes de lo esperado. En estas fechas expiraba su vigencia, y el cajero no deseaba continuar en su puesto. "Ya se te ha acabado el contrato", le dijo el guardia jurado que vigilaba el establecimiento.
A un cliente un tanto despistado no le llamó la atención que la persiana metálica estuviese bajada y, sin preguntar por qué no estaba abierta, se coló por el hueco que quedaba. El vigilante desempeñó su última misión -"mañana me mandarán a cualquier otro sitio" y le detuvo cuando ya tenía medio cuerpo dentro.
Aunque el concejal presidente del distrito, Angel Matanzo, declaró que el local no tiene licencia de apertura ni paga los impuestos municipales, uno de los tres socios del Ex Loco afirma que tienen al día el pago de las tasas y que la licencia de apertura está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
Esta tienda fue clausurada por orden de Matanzo en julio de 1990, pero en diciembre del mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la orden de cierre. Anteayer se volvió a cerrar ese establecimiento -que lleva tres años funcionando- en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Corcuera.
Matanzo estaba ayer indignado porque consideraba que era él, y no la Delegación del Gobierno, quien debía haber clausurado el negocio. Pero reconoció que fue él quien había solicitado al delegado del Gobierno, Segismundo Crespo, el cierre del local hace más de dos meses.
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