El Constitucional ruso juzga la legalidad del PCUS en ausencia de Gorbachov

El Tribunal Constitucional de Rusia abrió ayer el proceso que deberá resolver dos demandas opuestas: la posible inconstitucionalidad de los tres decretos del presidente Borís Yeltsin que ilegalizaron al Partido Comunista de la Unión Soviética el pasado noviembre (interpuesta por un grupo de diputados comunistas) y la propia legalidad histórica del partido, que, según los representantes de Yeltsin, siempre actuó "como un Estado dentro del Estado". El juicio comenzó con la ausencia del último secretario general del PCUS, Mijaíl Gorbachov, que no comparecerá por tratarse de "un juicio político", ejemplo de la "irresponsabilidad" de ambas partes.

"Todo el Estado y todas las constituciones de este Estado fueron creadas por el Partido Comunista. Decidir si él era constitucional en el marco de ese Estado me parece absurdo", resumió el sentir de los comunistas el historiador Roy Medvédev. "Este proceso es un intento de utilizar al Tribunal Constitucional para seguir haciendo propaganda de las antipopulares ideas comunistas", dijo por su parte Vadim Sobakin, experto del alto tribunal, haciéndose portavoz de las fuerzas democráticas.Estas opiniones vertidas en los pasillos del Tribunal Constitucional muestran que tanto unos como otros consideran que este proceso tiene un marcado carácter político, por más que los magistrados aseguren que dictaminarán sobre cuestiones estrictamente jurídicas.

Lo que comenzó como una demanda de un grupo de diputados comunistas que clamaban por la inconstitucionalidad de los tres decretos de Yeltsin por los que el PCUS quedaba fuera de la legalidad se ha convertido en un proceso de revisión histórica de las actuaciones del PCUS, impulsado por los reformistas seguidores de Yeltsin.

Este carácter político de las audiencias se ha visto reforzado tanto por las recientes declaraciones del presidente Yeltsin (que aseguró el pasado viernes que cualquier apoyo a los comunistas podría desembocar en una guerra civil), como por las de Mijaíl Gorbachov. El ex presidente soviético manifestó que "una y otra parte" desean organizar "un juicio político", lo que demuestra la "irresponsabilidad" de ambas. Y él no está dispuesto a hacerse cómplice de esa irresponsabilidad y a "echar más leña al fuego de una sociedad tensa".

El alto tribunal, mientras tanto, consideró que la ausencia de Gorbachov no es un impedimento para iniciar el proceso. El pasado viernes, Guennadi Búrbulis, consejero de Estado y representante de Yeltsin ante el Tribunal Supremo, por enésima vez se negó a descartar la posibilidad de sentar a Gorbachov en el banquillo de los acusados en su calidad de antiguo secretario general del PCUS.

"Barbarie jurídica"

"No es un juicio contra el presidente, sino a favor de la pureza de la presidencia", dijo el diputado Víktor Zórkaltsev al hablar en nombre de los parlamentarios que piden la inconstitucionalidad de los decretos por los cuales Yeltsin prohibió al PCUS y confiscó sus bienes después del intento de golpe de Estado el pasado agosto.Según Borís Kurashvili, otro representante del PCUS, estas medidas son anticonstitucionales "independientemente de que haya o no motivos para declarar inconstitucional al PCUS", puesto que el presidente se arrogó funciones que no le correspondían y cayó "en la barbarie jurídica". De los seis representantes del PCUS que hablaron ayer, uno de ellos, el diputado Dmitri Stepánov, no contento con hacer una apología de los golpistas de agosto, acusó a la Rusia democrática de haber sido la autora del auténtico golpe y advirtió que si no logran deponer al actual presidente por la vía legal, entonces tendrán que tomar el poder por la fuerza. Los magistrados interrumpieron la audiencia y después de deliberar diez minutos dictaminaron privar de la palabra a Stepánov hasta el fin del juicio, que promete ser largo.