Luis López Guerra, un "joven veterano", se perfila como nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Luis López Guerra, de 44 años, catedrático de Derecho Constitucional y uno de los juristas más veteranos, a pesar de su edad, en el Tribunal Constitucional -desde 1982, como letrado, y desde 1986, como magistrado-, es el candidato con más probabilidades para ser elegido presidente del alto tribunal. Aunque, "en principio, candidatos somos los 12 magistrados", según declaró uno de ellos a este periódico, otros de los candidatos con más posibilidades son Miguel Rodríguez-Piñero, de 57 años, catedrático de Derecho del Trabajo y profesor, en su día, de Felipe González, y Carlos de la Vega Benayas, de 70 años, magistrado de carrera y miembro de Justicia Democrática durante el franquismo. La elección está prevista para mediados de julio.

Uno de los magistrados veteranos, que pidió que se preservara su identidad, manifestó a este periódico: "Somos candidatos los 12 magistrados y será presidente el que obtenga más votos, siempre que acepte el cargo. Entre los siete antiguos, no existen preferencias". Sin embargo, tanto éste como otros magistrados reconocieron que, tras el intento frustrado del Gobierno de imponer a Gregorio Peces-Barba como presidenciable -que provocó honda irritación en el seno del tribunal-, existe un consenso tácito en favor de que sea elegido presidente uno de los magistrados que continúan, e incluso se considera preferible que se elija a uno de los más antiguos, que son aquellos a los que quedan tres años de mandato, justamente la duración del período presidencial, prorrogable sólo otros tres años.De los cuatro magistrados elegidos por el Senado -a los que le quedan seis años de mandato-, dos de ellos, Vicente Gimeno Sendra y José Gabaldón López, han declarado a este periódico que no desean acceder a la presidencia. No se han pronunciado los otros dos: Fernando García-Mon y Álvaro Rodríguez Bereijo. Sin embargo, en todos los medios jurídicos y políticos consultados, de dentro y de fuera del alto tribunal, se estima que los principales candidatos a presidente son los cuatro a quienes quedan tres años escasos de mandato: los dos designados en 1986 por el Gobierno -López Guerra y Rodríguez-Piñero- y los dos elegidos ese mismo año por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): De la Vega y Eugenio Díaz Eimil. Fuentes próximas a este último -que cuenta con gran prestigio entre sus colegas-, señalaron que razones de salud le aconsejan no aumentar sus responsabilidades.

López Guerra aparece ante los observadores más cualificados como el candidato con más probabilidades de resultar elegido. Es el más antiguo en la casa, ya que entró como letrado en 1982, pertenece a la escuela de constitucionalistas de Rubio Llorente, con el que trabajó en la Universidad, así como con otro prestigioso catedrático de Derecho Constitucional: Jorge de Esteban.

Posteriormente, ha estado vinculado con el sector de constitucionalistas del PSOE, en el que figuran antiguos letrados del alto tribunal, colegas suyos que hoy ocupan altos cargos en la Administración, como Santiago Varela -subsecretario de Interior- o Joaquín García Morillo -director del gabinete del ministro de Justicia-, influyentes en el grupo parlamentario socialista.

Entre los votos probables para López Guerra, procedentes de los nuevos magistrados, se da por seguro que contará con los dos de los catedráticos de Derecho Constitucional: Carles Viver y Pedro Cruz Villalón, este último antiguo letrado del Constitucional. La opinión sobre López Guerra entre los magistrados veteranos es asimismo favorable, por su calidad técnico-jurídica, dotes de organización y cualidades humanas. Su principal contrincante teórico, Rodríguez-Piñero, sería también un buen presidente, en opinión de varios compañeros, y su candidatura ofrece, para algunos, el inconveniente y, para otros, la ventaja, de haber sido profesor del presidente del Gobierno, Felipe González, con quien le une una vieja relación amistosa.

Un juez progresista

Otro de los magistrados con más posibilidades para ser elegido presidente es Carlos de la Vega, juez de trayectoria progresista desde la época franquista -durante la que militó en Justicia Democrática-, magistrado del Tribunal Supremo desde 1979 y apoyado en 1985, sin éxito, por el sector más progresista del CGPJ para ser elegido presidente del órgano de gobiemo del poder judicial frente al candidato pactado por el PSOE y AP: Antonio Hernández Gil. Unos meses después, el CGPJ presidido por Hernández Gil le eligió, por 15 de los 21 votos, junto a Díaz Eimil, con 14 votos, para formar parte del alto tribunal, en donde ha representado las posiciones más progresistas, entre otros votos particulares, con el que formuló a la sentencia sobre la ley de Objeción de Conciencia.La llegada al alto tribunal de juristas de trayectoria de izquierda como González Campos y Cruz Villalón, junto a la presencia de un total de cuatro jueces de carrera -Díaz Eimil, Gabaldón, Rafael Mendizábal y él mismo- aumentan las expectativas de De la Vega.

Además de sus obras jurídicas sobre la aplicación judicial del derecho, De la Vega ha publicado diversos ensayos sobre la eficacia de los derechos fundamentales, es un gran conversador, enemigo del secretismo y defensor decidido de la libertad de expresión, cualidades que pueden proporcionarle algunos votos.