Tomás y Valiente: "Era insuficiente el plan del Gobierno para no reformar"

Una de las principales reacciones jurídicas y políticas, generalizadamente positivas, sobre la declaración vinculante del Tribunal Constitucional que exige la reforma de la norma fundamental, fue ayer la del presidente en funciones del alto tribunal, Francisco Tomás y Valiente, quien manifestó a Radio Nacional de España: "El tribunal ha entendido que las posibilidades sugeridas por el Gobierno, apoyándose en el Consejo de Estado, eran insuficientes". Tomás y Valiente explicó que la mera reforma de la ley electoral no bastaba, ya que será necesaria dicha reforma, pero "después de la reforma de la Constitución".Frente a las sugerencias gubernamentales, Tomás y Valiente aseguró: "En este caso concreto, creo que todos los magistrados vimos con bastante claridad que el supuesto que nos sometía a requerimiento el Gobierno tenía que conducir a una reforma de la Constitución".

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, mostraron ayer su acuerdo con la declaración del Tribunal Constitucional, según informa Efe desde Santiago de Compostela, en donde coincidieron ambos mandatarios autonómicos. Fraga, uno de los siete ponentes de la Constitución, calificó al dictamen de "ponderado y serio" y dijo que "resuelve el problema de ámbito legal y constitucional".

Por su parte, el comisario europeo Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión, calificó ayer de "buena" la decisión del Tribunal Constitucional, según informa desde Barcelona Walter Oppenheimer. Marín consideró que la resolución del alto tribunal hace innecesaria la convocatoria de un referéndum, aunque se mostró partidario de convocar la consulta popular en el caso de que hubiera una mayoría" que lo pidiese.

No habrá referéndum

La posibilidad de que sea sometida a referéndum la reforma del artículo 13.2 de la Constitución para que los residentes de la CE sean elegibles en los comicios municipales era ayer descartada en medios jurídicos y políticos, ya que los grupos con capacidad para reclamar la consulta popular en los 15 días siguientes a la reforma, mediante 35, diputados o 26 senadores, se han manifestado ya en contra. El PP anunció que para la reforma constitucional "no es necesario nada más que las mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado".

Nicolás Sartorius, portavoz parlamentario de IU, tras estimar "correcta" la declaración del alto tribunal, señaló que no es necesario "un referéndum para una reforma tan pequeña". Por el CDS, Rafael Arias Salgado dio por supuesto que este cambio no requiere una consulta en las urnas.