Un juez de Madrid duda de la validez de la 'ley Corcuera'

Un juez de Madrid considera "difícil" tomar como prueba el registro de una vivienda por la policía sin autorización judicial, en el auto que ordena la apertura del primer juicio en el que un tribunal tiene que valorar la aplicación del polémico artículo 21 de la denominada ley Corcuera.En este auto, se relatan una serie de actuaciones policiales que se llevaron a cabo sin las debidas garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque al amparo del artículo 21 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que faculta a la policía a registrar domicilios sin autorización judicial en casos de delitos flagrantes.

Los hechos, que serán juzgados el próximo día 20 en la Sección Sexta de las Audiencia Provincial de Madrid, ocurrieron el pasado 8 de abril, 26 días después de que entrara en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, y es, según fuentes del juzgado que instruyó el caso, la primera vez que un tribunal tiene que valorar como prueba el registro domiciliario a que autoriza dicha ley.

El suceso ocurrió a la salida de un edificio de la calle de José Marañón, de Madrid, cuando dos policías de la comisaría madrileña de Chamberí detuvieron a los súbditos guineanos Ansume Surame y Mamadu Balde y les intervinieron ocho dosis de heroína.

Inmediatamente después, los agentes registraron la vivienda de uno de los detenidos, donde encontraron una bolsa con 50 gramos de la misma droga, llevando como único testigo al portero del inmueble.

El titular del Juzgado número 28 de Madrid, Ramón Sáez Valcárcel, explica en el auto que los policías "podían haber solicitado al juez de guardia la correspondiente autorización sin merma de la eficacia de su actuación" y que la entrada en el domicilio sin autorización previa del juez no responde a un delito flagrante, porque los funcionarios "sólo podían saber que los detenidos portaban ocho dosis de heroína, nada más".

El juez destaca que "el hallazgo y la ocupación de la droga, fuente y medio de prueba, se produce sin que se observen las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", por lo que "nos enfrentamos a un caso difícil", señala.

Además, el juez relata una serie de inexactitudes del atestado realizado por los agentes de la, comisaría de Chamberí, que actuaron en la citada detención posterior registro.