El voto del presidente del Tribunal de Cuentas rompe a favor del PSOE el empate sobre el 'informe Filesa'

El presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, tuvo que hacer uso ayer de su voto de calidad para que se aprobase el informe sobre el caso Filesa, que exculpa al PSOE de las acusaciones de financiación irregular. El pleno del tribunal se dividió exactamente por la mitad, seis consejeros a favor y seis en contra, además de una abstención, por lo que fue el valor adicional del voto del presidente el que acabó con el empate a favor de la aprobación.

Además de Carretero, votaron a favor del informe los otros cinco consejeros elegidos por las Cortes a propuesta del PSOE, mientras que se pronunciaron en contra los cinco consejeros propuestos por el Partido Popular, además del fiscal- jefe del tribunal, Miguel Ibáñez. La abstención correspondió a Miguel Álvarez Bonald, cuya candidatura fue consensuada entre los dos citados grupos políticos.El debate del informe Filesa ocupó casi toda la sesión del pleno, que se inició a las 10 de la mañana de ayer y concluyó pasadas las tres y cuarto de la tarde. Lo prolongado del debate obligará a los consejeros a volver a reunirse hoy para abordar los restantes puntos del orden del día, de carácter más técnico.

Los seis miembros del pleno que votaron en contra del informe adelantaron su propósito de presentar votos particulares al mismo en el plazo de dos días previsto por la ley de funcionamiento del tribunal.

Fuentes del tribunal consideraron probable que haya varios votos particulares y no uno solo suscrito por todos los consejeros discrepantes, ya que fueron muchos y muy variados -jurídicos y económicos, formales y de fondo- los argumentos de quienes se mostraron críticos con el informe del ponente.

Los votos particulares, junto con el informe aprobado, serán remitidos a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. El informe del ponente, Eliseo Fernández Centeno, elegido a propuesta del PSOE, señala que "no se han apreciado relaciones económicas o de financiación ni de ninguna otra naturaleza" entre el partido socialista y las empresas Filesa, Malesa, Time Export y Distribuidora Expres 2.020, entre otras.

La fiscalización de las cuentas del PSOE se ha realizado en cumplimiento del acuerdo adoptado el 18 de junio de 1991 por la Comisión Mixta, después que se produjeran las denuncias sobre financiación ilegal de los socialistas formuladas por el chileno Carlos Alberto Van Schouewen, ex contable de las tres primeras de las citadas empresas.

La ejecutiva socialista decidió el 20 de junio de 1991 aceptar la renuncia de Guillermo Galeote como responsable de finanzas del partido y del diputado Carlos Navarro como tesorero del Grupo Parlamentario Socialista, en tanto se realizaba la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

A la espera de que se conozcan los votos particulares, lo ajustado de la votación que ha dado el visto bueno al informe frustra, hasta cierto punto, el propósito del PSOE de que el tribunal despejase cualquier sospecha de irregularidad sobre sus fuentes de financiación.

El Tribunal de Cuentas carece de competencias para fiscalizar la actuación de las empresas privadas, por lo que ha trabajado con la documentación aportada por el PSOE y con la que las empresas presuntamente vinculadas con el mismo han querido suministrarle. El voto negativo del fiscal Miguel Ibáñez al informe, según fuentes del tribunal, estaría relacionado con las limitacionés de su capacidad fiscalizadora.

La investigación del Tribunal de Cuentas, que se ha prolongado casi un año, ha estado condicionada por la renovación de sus 12 consejeros, que se produjo en diciembre pasado, tras un pacto entre el PSOE y el PP.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Loyola de Palacio, resaltó ayer la "gravedad de que una institución se vea forzada a que sea el voto del presidente el que exculpe una actuación del PSOU. El diputado de IU Jerónimo Andreu calificó la decisión de "absoluto escándalo". Ambas formaciones anunciaron ayer que utilizarán todos los recursos políticos y jurídicos posibles para que esta decisión sea revisada.