Asombro y rechazo en la magistratura ante el acuerdo judicial norteamericano

Juristas y representantes de las principales asociaciones judiciales españolas, de distinta tendencia, expresaron ayer su asombro y rechazo ante la decisión de la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El portavoz de la Federación de Asociaciones de Juristas Progresistas (FAJP) la tachó de "miserable" y pidió que el Gobierno español se pronuncie sobre su alcance en nuestro país.

La posición más tajante fue la de Tomás Iglesias, portavoz de la FAJP -que agrupa a 13 asociaciones de juristas progresistas, con un total de 2.200 miembros-, quien calificó tal decisión jurisprudencial de "miserable, porque se burla del derecho internacional, de la soberanía de los demás países y, sobre todo, de la dignidad de las personas, que debe estar amparada", dijo, por la normativa jurídica, procedimientos reglados y garantías eficaces".Asimismo, la FAJP expresó su "solidaridad con los tres votos particulares de los magistrados de dicho Tribunal Supremo discrepantes y con su contundencia, por lo que suponen de firmeza jurídica democrática y de lazo de relación entre aquellos juristas y los del resto del mundo, y sobre todo, en cuanto reflejan la posibilidad de nuevas relaciones del pueblo norteamericano con todos los demás". Por último, el portavoz de la FAJP emplazó al Gobierno español para que se pronuncie sobre los efectos que esta resolución estadounidense pueda tener en España.

"Cuestión de soberanía"

Por su parte, el magistrado Ángel Calderón Cerezo, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, consideró "sorprendente y extraña" la resolución del Supremo de los EE UU. "No conozco ningún precedente", declaró. "Va contra el derecho internacional y perjudica la convivencia". Calderón calificó el asunto como "una cuestión de soberanía", por lo que "es anómalo e irregular que la soberanía de un país pueda injerirse en. un tercer Estado". Y añadió: "No me imagino la acción en territorio español de un agente extranjero, si no es en virtud de tratados internacionales que sobre esta materia no existen. Tal agente cometería un delito de detención ilegal y, si fuera armado, también de tenencia ¡lícita de armas". Este magistrado estimó que se trata de una resolución aislada, que no sienta doctrina general, aunque reconoció que, "como precedente, es muy peligroso".

El magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, portavoz de Jueces para la Democracia, asociación judicial progresista y minoritaria, comentó, en relación con la resolución judicial norteamericana: "Parece que el nuevo orden internacional no es un orden que esté fundado en el derecho. Me parece muy peligrosa para los derechos fundamentales y para las relaciones internacionales". Clemente Auger, magistrado de esta misma asociación y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, manifestó: "Por fortuna, tal decisión, en el Estado español no prosperaría. Ni la Constitución, ni la ley orgánica del Poder Judicial, ni la cultura jurídica de este país permitirían una resolución similar".

El letrado del Consejo de Estado Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, ex ministro de Educación y Ciencia, expresó también su rechazo a la decisión judicial norteamericana, que consideró "contraria a la soberanía de los Estados". Estimó que la acción de los agentes de un país en otro "sólo puede producirse en un contexto de cooperación internacional".