Bandrés pide que Borrell explique en el 'caso Naseiro' los pagos de empresas a partidos

Juan María Bandrés, acusador popular en el caso Naseiro, propuso ayer como testigo del juicio al ministro de Obras Públicas, José Borrell, para que explique las supuestas comisiones que las grandes empresas de la construcción pagan a los partidos políticos a cambio de favores. Bandrés defendió la actuación del juez instructor Luis Manglano y reclamó que las garantías jurídicas no amparen únicamente a "los poderosos". La Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se celebra la vista, aplazó sine die las sesiones para resolver sobre todas las peticiones de las diferentes partes.

Bandrés, quien representa a Unitat del Poble Valencià, propuso también como testigos a los representantes legales de las principales empresas constructoras españolas. Asimismo, solicitó que el director de EL PAÍS aporte el original de una circular interna del PP publicada por este diario el 27 de abril de 1990. En ese documento, la tesorería del partido pide a su presidente que agilice el cobro del dinero presupuestado como "financiación empresarial". Por su parte, Borrell pidió en abril de 1990 a los presidentes de las empresas constructoras que no pagaran comisiones a los partidos (EL PAÍS, 24-IV-90).Según Juan María Bandrés, el Ministerio de Obras Públicas realiza inversiones cada año por valor de un billón y medio de pesetas. Las supuestas comisiones pagadas por las empresas representan "entre el 2% y el 4%" de ese dinero, en opinión de ese acusador popular. Bandrés calificó de "muy grave" el hecho de que, por medio de ese sistema, "se puedan financiar partidos políticos y, de paso, quedarse cantidades en el bolsillo". "Es un delito más grave que los hurtos o robos, que crean la denominada inseguridad ciudadana. El cohecho es la verdadera inseguridad ciudadana", añadió.

"Sonrojo y verguenza"

La intervención de Bandrés abrió la segunda sesión del juicio, en que están inculpados dos ex tesoreros del PP, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis; un ex concejal valenciano de ese partido, Salvador Palop, y el empresario José Balaguer. El fiscal pide tres meses de arresto y multa para cada uno de los tres políticos populares por un delito consumado de cohecho, ya que supuestamente favorecieron a empresas privadas a cambio de comisiones destinadas a la financiación del PP.Bandrés defendió la actuación de Luis Manglano y explicó que no puede esperarse que el juez escuchara las cintas grabadas por la policía y no hiciera nada, "cuando su contenido produce sonrojo y vergüenza ajena a cualquier persona". El acusador popular cerró su informe preguntándose "si vamos a volver a una justicia de clase". El defensor de Palop, Manuel Cobo del Rosal, calificó de "sugestiva" la intervención de Bandrés, pero le acusó de "trivializar" el Estado de Derecho.

Antonio Díaz, acusador popular que representa a Izquierda Unida, se quejó de que no se haya cumplimentado su petición de prueba anticipada para conocer los bienes del diputado Ángel Sanchis. La respuesta del Congreso sólo habla de "acciones en determinadas empresas, bienes inmuebles y fincas rústicas" y para más detalle, se remite a una declaración ante notario.

Frente a las protestas de los abogados defensores por la vulneración de derechos de los acusados, Díaz esgrimió tratados internacionales sobre derechos humanos, que establece la prohibición de que los delitos de los mandatarios queden impunes.

El tribunal decidirá, a partir del lunes, sobre las peticiones de las partes. Las defensas reclaman que se archive el asunto debido a las presuntas irregularidades cometidas en la instrucción por Manglano. El fiscal desea que continúe el juicio porque el instructor no vulneró los derechos fundamentales de los inculpados. Las acusaciones populares solicitan nuevas pruebas.

Ángel Sanchis manifestó a los periodistas que los máximos dirigentes de su partido no han acudido a las sesiones del juicio para no "presionar" a los magistrados y porque tenían pleno y comisiones en el Congreso.