Sólo tres de los 52 empresarios que ETA chantajeó desde 1990 pagaron el 'impuesto'

Los empresarios del País Vasco y Navarra ya no temen a ETA. De los 52 industriales investigados, que figuraban en la lista de extorsionados desde 1990 incautada en marzo a la cúpula etarra en Bidart (Francia), sólo tres admitieron el chantaje terrorista y negociaron o pagaron el impuesto revolucionario. La banda terrorista reclamó 600 millones a este colectivo, pero tuvo que conformarse con apenas tres milIones. Estos datos se desprenden del libro de caja interceptado y de una investigación dirigida por el juez Carlos Bueren, titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, y desarrollada por la Ertzaintza (policía autonómica). Bueren citó ayer a declarar sobre el caso a Andrés Ormazabal, compañero de Íñigo Iruin en el bufete Berdin, próximo a HB.

La investigación, que se realiza en Navarra con la colaboración de la policía, sigue abierta para identificar a los mediadores y las vías reales de financiación de ETA, presumiblemente a través de empresas, ya que la hipótesis del impuesto se ha desmoronado.Tras la operación de Bidart, dos de los aspectos que más interesaron a los responsables policiales españoles fueron dos listados de empresarios. Uno de ellos recogía una veintena de industriales o financieros, en su mayoría vinculados con Vizcaya, susceptibles de ser secuestrados. Entre ellos se citaba el consejero del BBV Guillermo Barandiarán.

La segunda lista englobaba a los cerca de 70 extorsionados desde 1990 con el impuesto revolucionario. Las autoridades judiciales francesas entregaron tal documentación a la Audiencia Nacional. El juez Bueren, que ya en enero había desmantelado en Guipúzcoa una red del cobro del impuesto revolucionario, tras una paciente investigación de la Ertzaintza, volvió a confiar en este cuerpo la realización de pesquisas sobre la documentación.

La información no tenía desperdicio. El tesorero de ETA había sido muy preciso: al lado de cada extorsionado figuraba cada uno de los apremios recibidos -de uno a tres-, a razón de un punto por cada misiva amenazante enviada. Pero el contable etarra había ido más lejos. Al lado de cada víctima indicaba la cantidad solicitada por la organización, que oscilaba entre cinco y 20 millones, y la parte adeudada. Esto último podía significar dos cosas: el extorsionado había pagado ya parte de la cifra inicial, o se había limitado a negociarla y rebajarla, pero sin ejecutar su entrega.

Del listado de cerca de 70 extorsionados desde 1990, los investigadores dejaron al margen a la quincena de industriales que ya habían investigado e interrogado en la primera Operación Easo que se cerró el pasado enero con la desarticulación de una red de cobro del impuesto en Guipúzcoa. De éstos, sólo habían llegado a pagar la mitad, con un monto de 46 millones.

La investigación se centró en los 52 restantes extorsionados que, según la propia contabilidad etarra, en su casi totalidad habían hecho oídos sordos a los apremios de la banda. De éstos, sólo se ha acreditado que un empresario navarro ha pagado a la organización unos tres millones.

El resto dio una respuesta dispar: unos no llegaron a recibir la carta, otros la rompieron, otros hicieron saber que no pagarían y, la mayoría, sin más, la guardó. Dos empresarios osaron denunciar el chantaje, y de otros ocho llegó noticia a la Ertzaintza.

Las víctimas del chantaje se reparten así: 22 empresarios residen en Vizcaya; otros 20, en Guipúzcoa; uno en Álava, y nueve en Navarra. Dos de los extorsionados habían recibido ya cartas bomba. La información de ETA sobre sus víctimas era muy rudimentaria, en su mayor parte extraída de listines telefónicos.

66 registros

Desde el pasado lunes, 200 ertzainas han realizado registros, con orden judicial, en cerca de 66 domicilios o locales de los extorsionados, en los que se han recuperado 62 misivas de ETA. Los agentes tomaron declaración a cada una de las víctimas del impuesto. Con el atestado de estas diligencias de la llamada Operación Easo II en manos ya del juez Bueren, será este magistrado quien determine las nuevas prácticas o interrogatorios.Precisamente ayer, Bueren citó a declarar al abogado vinculado a HB Andrés Ormazabal, integrante del bufete Berdin. Bueren preguntó a Ormazabal si, además del caso que ya había reconocido, en el que en un extorsionado se había presentado ante el abogado para pedir su mediación, había recibido antes o después a alguna otra víctima del impuesto revolucionario. Ormazabal ratificó que había dicho a una sola persona que no podía ayudarle, pero negó haber tenido intervención en otros casos similares. Éste es el tercer abogado del bufete Berdin involucrado en la trama del impuesto revolucionario. Anteriormente fue procesado el abogado y senador de Herri Batasuna Íñigo Iruin y se decretó la prisión de Álvaro Reizabal, ex miembro de la Mesa Nacional de HB.