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Tribuna:

Ni ciencia ni tecnología

Los autores lamentan la grave deficiencia del Plan de Convergencia que olvida completamente las políticas de ciencia y tecnología, y analizan la que, en su opinión, debería ser la política española de investigación y desarrollo que permitiera a España una integración armónica en Europa.

Ante circunstancias de especial agitación, es fundamental la introducción de elementos de análisis y reflexión que proporcionen bases para un debate racional. Aplicar esta aproximación al sobre programa de convergencia es no sólo oportuno, sino necesario, procurando ir más allá de las descalificaciones generales o de la desmedida autocomplacencia. Nuestro objetivo es abordar unas políticas -las de ciencia y tecnología- que parecen esenciales para lograr la convergencia. Desgraciadamente, este apartado está completamente olvidado en el texto del Plan de Convergencia (PC).Comienza el programa señalando el proceso real de convergencia de la economía española en el último lustro, aportando datos que dicen que nos encontramos en el 79% del PIB per cápita de la media comunitaria.

Sin embargo, nada se dice de la situación de otros indicadores, cuya comparación con la media europea resulta especialmente deficitaria: los indicadores de ciencia y tecnología. Nos referiremos solamente a uno de ellos -el gasto en investigación científica y desarrollo tecnológico Q+D) en relación al PIB-: mientras la media de la Comunidad Europea gastó en I+D en 1988 un 2% del PIB, España solamente alcanzó la cifra del 0,77, es decir, la brecha económica se sitúa en el 79% de la media europea, pero la brecha científica técnica es mayor, dado que España se encuentra en el 38% de la media comunitaria.

Estos indicadores señalan las realidades, los puntos de partida, pero, ¿qué se propone en el PC para colmatar ese desfase? Poco, ni un solo párrafo del programa está referido a este desequilibrio -cuya solución es esencial para garantizar el futuro de la competitividad de las exportaciones españolas- ni a las medidas que se propondrían para dicha corrección. La estrategia que perfila el PC en materia de competitividad parece estar construida sobre la "competencia de costes", sin referencia a la "competencia de sustitución" (la innovación).

Esta ausencia es aún más significativa, dado que las políticas de ciencia y tecnología son precisamente uno de los campos privilegiados de las políticas comunitarias recogidas en el Acta Única. A pesar de que los fondos destinados por la CE a promover estas actividades apenas representan el 4% del total del gasto de los países miembros en I+D, la comisión es consciente de la necesidad de activar estas políticas y de favorecer su coordinación, esto es, su convergencia.

Hay, por lo tanto, que lamentar esta ausencia, quizá reflejo de la pérdida de ilusión y confianza en la política científico-técnica española que se viene detectando tras el impulso de principios de los ochenta (desaceleración del crecimiento del esfuerzo en I+D, subyacente descoordinación de la intervención pública y aparente sometimiento de los objetivos políticos en ciencia y tecnología a meros criterios de contabilidad presupuestaria).

Esperanzas

Sin embargo, no todo son sombras en el PC, puesto que en él se esbozan algunas medidas que, aplicadas a los problemas del sistema español de ciencia-tecnologia-industria, incorporadas a las políticas en ciencia y tecnología, podrían contribuir a abrir esperanzas de una mayor convergencia en I+D con Europa. En efecto, se nos ocurre que entre las medidas que se incluyen en el PC hay algunas cuya aplicación a la ciencia y tecnología españolas podría mejorar sustancialmente la situación. Pasamos revista a ellas y ofrecemos algunas propuestas o reflexiones que creemos de cierta pertinencia.

En las páginas 43-44 del PC se habla de la reducción del número de organismos públicos. Se propone la desaparición, fusión o simplificación de su número. Lo que aquí se sugiere es aplicar -además de criterios administrativos y contables, de economía y eficacia- criterios de política pública. En este contexto, los organismos públicos de investigación (definición de la Ley ,de la Ciencia, 13/86) se encuentran tutelados por muy diversos departamentos: el CSIC, por el Ministerio de Educación y Ciencia; el CIEMAT, por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, por el de Defensa; el Instituto Carlos III, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, etcétera. Como es obvio, aquí no se propone una simplificación administrativa que consista en su integración funcional en los ministerios de los que dependen. ¿Pero por qué no abordar -o quizá debatir- un política de integración orgánica o, al menos, de mejora de la coordinación entre ellos, a través de su dependencia de un único departamento, que integre la responsabilidad de las políticas de ciencia y tecnología, con independencia de la orientación sectorial de que se trate?

En la página 41 se propone la eliminación de los gastos fiscales derivados de la creación de puestos de trabajo de carácter indefinido y de la desgravación de cotizaciones sociales de determinados contratos de trabajo, que se incorporarán a un fondo social para apoyar la formación profesional. Por analogía, hay que señalar que desde diversos departamentos se dan muchas subvenciones y apoyos a la realización de la I+D empresarial. No proponemos su eliminación, sino su integración en un fondo de coordinación para el apoyo a la I+D. Se podría aprovechar ese fondo ya creado por la Ley de la Ciencia, cuya tutela corresponde a la comisión interministerial de Ciencia y Tecnología. Se podría también, de este modo, contribuir a aplicar las subvenciones fiscales a la I+D constantemente reclamadas por algunos grupos parlamentarios y agentes ejecutores y puestas en marcha recientemente por el Gobierno, a la vez que se mejora la coordinación de las políticas de I+D.

Por otro lado, el PC señala en su página 46 que se creará la Agencia de Evaluación Tecnológica, referida al campo de las tecnologías sanitarias. ¿Por qué reducir el campo de la evaluación tecnológica a la salud?, ¿es que otras tecnologías (medio ambiente, nuclear, comunicaciones, etcétera) no deben ser evaluadas? En la anterior legislatura, el presidente del Congreso se comprometió a la creación de una Oficina de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas en las Cortes. Lamentablemente, la disolución anticipada de las cámaras lo impidió, y con el nuevo periodo de sesiones el asunto parece haber caído en el olvido. ¿Por qué no extender el ámbito de la evaluación de las tecnologías?, o ¿por qué no hacer que la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) comience a trabajar de verdad en este campo?

Como se ve, aunque la ciencia y la tecnología son los grandes ausentes del programa de convergencia, la simple aplicación de algunas de las medidas que se proponen al sistema ciencia y tecnología abriría puertas a la esperanza.

Rango político

Y en el contexto de la aplicación de estas medidas, aunque no existan compromisos gubernamentales para la I+D similares a los señalados para la inversión en infraestructuras (mantener el gasto del conjunto de las administraciones públicas en torno al 5% del PIB) o en formación profesional (creación de 60.000 plazas), un apunte más. Quizá la razón fundamental de las dificultades para el reconocimiento en España de las políticas públicas de ciencia y tecnología se encuentra en el rango político de los organismos que administran y organizan dichas cuestiones.

España es el único, entre los cinco grandes países de la CE, que no dispone de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. En efecto, hasta el más tenaz enemigo del sector público, el primer niinistro británico, Major, ha "robado" el tema de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología del programa electoral laborista. Y es que la integración en un departamento ministerial de las competencias en ciencia y tecnología facilita tanto la coordinación como la capacidad de interlocución política hacia la CE y, lo que en España es muy relevante, hacia las comunidades autónomas, con el objetivo de negociar, coordinar e integrar los esfuerzos en las políticas de ciencia y tecnología. Sin duda, los problemas relativos a las políticas públicas requieren medidas políticas.

Emilio Muñoz Ruiz y Luis Sanz Menéndez son miembros de la Unidad de Investigación sobre Políticas Científicas y Tecnológicas del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de junio de 1992

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