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La convergencia nominal y la convergencia real

y LUIS MARTÍNEZ NOVALEn opinión de los autores, España debe concentrar sus esfuerzos en la rápida puesta en ejecución de los acuerdos de Maastricht para estar en disposición de beneficiarse rápidamente de las sinergias creadas por la integración. Además estiman que sólo a través de la convergencia nominal puede llegarse a la real

Referidos los objetivos del programa de convergencia, quisiéramos plantear algunas cuestiones más y dejar otras. Dejaremos a un lado los problemas de la divergencia, las penalizaciones que experimentaría la economía española en el caso de que no fuera capaz de aplicar un programa del tipo del que estamos analizando.Por el contrario, incidiremos en otras, entre las que destacaremos aquellas que ocasionan la existencia de desigualdades en las dotaciones de capital físico y humano entre los Estados miembros. Surge de esta forma un planteamiento de índole redistributiva, recogido en el nuevo Tratado de la Unión, por el que se reconoce que la estabilidad de la UEM es incompatible con la existencia de amplias diferencias en los niveles de renta y riqueza de las naciones participantes. Este problema, en el momento de la ratificación de los acuerdos, se está resucitando bajo el viejo dilema profundización versus ampliación de la Comunidad.

En la medida en que parece limitado el margen de la Unión Europea para retrasar la ampliación de la Comunidad, Brand tenía razón cuando, hace unos días, decía que la CE no se inventó para dificultar el desarrollo y la integración de nuevas democracias. Por lo que hay que configurar el proceso de ampliación de forma que el resultado beneficie al continente en su conjunto.

Partiendo de estos hechos, entendemos que España debe concentrar sus esfuerzos en la rápida puesta en ejecución de los acuerdos de Maastricht, en su doble faceta de objetivos de la convergencia nominal y de reformas estructurales, para estar en disposición de beneficiarse rápidamente de las sinergias creadas por la integración.

La incorporación a la unión europea de nuevos miembros podría reforzar la intención de quienes pretenden debilitar el pulso integracionista en Europa.

Éste es un mal escenario para la economía española, que vería cómo abdicaría del uso de la política monetaria y cambiaria, a la vez que vería limitado el alcance de la política presupuestaria, sin que un federalismo fiscal y una Comisión con amplios poderes compensaran las perturbaciones reales que se producen en la economía europea. Además, políticas de acompañamiento, como la regional, social, tecnológica o de medio ambiente, podrían verse recortadas, y, con ello, diversos instrumentos redistributivos establecidos en la UEM.

Expuesto el contenido del programa de convergencia, quisiéramos acercarnos al análisis de una parte de las críticas que se han formulado al mismo. Se ha dicho que el planteamiento que se hace exige sacrificios, que se cargan fundamentalmente "en las espaldas de los trabajadores", ya que en esencia los contenidos del programa se asemejan a los de un plan de estabilización.

Ninguna de esas críticas se justifica a partir de las previsiones que contiene el propio programa. No incluye el programa una reducción de la demanda interna, una depresión del consumo privado, y mucho menos una evolución regresiva de los salarios reales. De acuerdo con las estimaciones formuladas, las variables antes citadas pueden experimentar tasas positivas a lo largo de todo el periodo. En este caso, al contrario de lo que ocurre en los planes de estabilización al uso, se reduce la inflación a la vez que crece el empleo.

Aclarar conceptos

Otras observaciones críticas ponen de relieve el hecho de que la propuesta aprobada en las Cortes Generales pone énfasis en la convergencia real. En estas cuestiones hemos de ser claros. La convergencia nominal no es otra cosa que el logro de objetivos intermedios, sin lugar a dudas importantes, pero lo relevante es el propósito de ponemos al día, con un nivel de vida parejo al que poseen la media de las naciones de la CE. Y para ello hay que aproximar paulatinamente los niveles de producción, empleo, salarios, prestaciones y equipamientos españoles y comunitarios.

Nuestra experiencia más reciente demuestra que la pervivencia de los desequilibrios impide el crecimiento y distribuye los frutos del mismo de manera poco equitativa y bastante regresiva. Por lo que creemos que sólo a través de la convergencia nominal puede llegarse a la convergencia real.

Acercándonos a algunos objetivos del programa de convergencia, por ejemplo al problema de los precios, es evidente que en un momento en el que el mundo se convierte en una entidad económica única, el control y la reducción de la inflación costituye un determinante de la confianza depositada en una economía y en la política que dentro de la misma se desarrolla. Pero además, siendo el factor confianza un hecho a resaltar, no es el único, ya que la evolución de los precios es un elemento decisivo en la marcha de las rentas reales de los ciudadanos.

La inflación es la variable que transforma rentas nominales en reales, por lo que es innegable el interés social que debe atribuirse al objetivo de reducirla. Por ello, la pervivencia y la estabilidad de los sistemas de protección social ha venido dependiendo de la evolución que sigan los precios. Acercarse a la experiencia de países que han asistido a la demolición de sus esquemas de seguridad social, por distintas causas, entre las que hay que contar con los efectos derivados de elevadas tasas de inflación, es un hecho fácil de realizar.

La inflación perjudica a quienes en la sociedad tienen menos resortes de poder, ya que estos grupos se encuentran indefensos e inermes ante variaciones de la capacidad adquisitiva que se escapan al más elemental control. Por ello es el conjunto de la sociedad la que tiene que contribuira evitar que se materialicen expectativas que conducen a la elevación de los precios.

Demos un paso más y analicemos estos objetivos instrumentales en términos alternativos. Se ha podido escuchar que la condición de Maastricht relativa a la inflación sólo puede ser alcanzada a costa de un mayor volumen de paro. Es cierto que en muchas ocasiones esa secuencia puede estar ajustada a la realidad, pero también puede decirse que no tiene por qué ser inexorable. La realidad española entre 1986 y 1990 refuta tal planteamiento. A finales de 1985, la tasa de inflación se situaba en un 8,8%, y desde entonces la reducción de la misma ha sido compatible con un intensísimo proceso de creación de empleo y de reduccción del paro.

El escenario del programa de convergencia cifra en el 1% el déficit público en 1996, lo que ha constituido uno de los elementos más agudos de crítica, ya que de esta forma se dice que se evidencia la severidad del programa. Se ha señalado que dicho objetivo va más allá de las exigencias de la unión económica y monetaria, que lo fija en un 3%. ¿Por qué más rigor que el necesario?: porque el elevado y persistente déficit por cuenta corriente de nuestra balanza de pagos con el exterior así lo exige.

Nuestro desequilibrio por cuenta corriente es el mayor de la CE, sin que hasta el momento haya habido dificultades para la financiación del mismo. La explicación, claro está, no es otra que el nivel de confianza que nuestra economía y nuestra política despierta en el exterior, lo que se refleja en inversiones directas, inmobiliarias y en cartera.

Pero no hay por qué suponer que la situación presente se va a perpetuar en el futuro. Por ello, el programa de convergencia prevé una suave reducción del déficit por cuenta corriente en lo que exige bien una reducción del gasto nacional o un incremento del ahorro. Acortar diferencias con otras economías nos obliga a aumentar la inversión. Pero si queremos invertir más tendremos que ahorrar más, y aquí surge un interrogante: ¿quién va a ahorrar en España en los próximos años?

Como ha ocurrido en otras economías occidentales, parece razonable no depositar demasiadas expectativas en el incremento del ahorro privado. Los resultados de las políticas llevadas a cabo desde posiciones ideológicas proclives a favorecer el ahorro privado demuestran que esa variable experimentó una evolución contraria a lo que se podía esperar de una reducción de la fiscalidad.

Incentivos al ahorro

Está claro que los programas de incentivo al ahorro de las familias son fiscalmente regresivos, puesto que benefician en mayor medida a los que más capacidad de ahorro tienen. Pero además la tendencia de los años precedentes en todos los países occidentales lleva a cuestionar la dependencia del ahorro de factores económicos.

Es posible que hayan desaparecido una parte de los motivos que tenían las familias para ahorrar debido a la cobertura social que actualmente existe de determinados riesgos e infortunios. Hecho que determina el que las causas que actúan sobre la propensión al ahorro sean más sociológicas que económicas y que poco se puede esperar de planes dirigidos a cambiar la tendencia descendente de esta variable.

Si no puede esperarse mucho del ahorro privado tendrá que ser el ahorro público quien empuje el ahorro nacional, y esto sólo será posible reduciendo el déficit público. Por tanto, es plenamente congruente este planteamiento con uno de los objetivos del programa, que pretende que el desequilibrio del presupuesto se vaya reduciendo en un horizonte temporal de medio plazo. Que se pretenda una reducción del déficit en mayor medida de lo que lo hacen otros países es porque nuestra realidad es bien distinta en términos de cuentas exteriores.

Estamos proponiendo un acercamiento a un conjunto de países y queremos identificar ese proceso con algún indicador. De todos los que se pueden elegir hemos optado por uno, aquel que señala el crecimiento de la producción por persona ocupada, ya que creemos que es un buen exponente del progreso material de una sociedad. El incremento de la misma puede lograrse: aumentando la producción sin variar el empleo; aumentando la producción a la vez que se reduce drásticamente el empleo, o haciendo progresar tanto a la producción como al empleo.

Contrastando estas posibilidades con la evolución de la economía española, diremos que la primera de ellas, esa hipótesis en la que el incremento de la producción no hace variar mucho el empleo, es la realidad vivida en 1991 y que por la escasa generación de empleo deberíamos superar.

La segunda de las hipótesis señala que el proceso de incremento de la productividad, puede llevarse a cabo con pérdidas globales de empleo, fue la experiencia del periodo 1977-1984 y que por su dramatismo no deberíamos repetir.

La progresión conjunta de producción y empleo corresponde a la etapa 1985-1990, cuyo éxito esperamos recrear.

Esta opción es la más ambiciosa y sólo puede ser posible si se registra un fuerte proceso inversor tanto en capital físico como en capital humano. Para impulsar este proceso, el sector público va a asumir su responsabilidad continuando los programas de creación de infraestructuras, a través de una inversión pública del 5% del PIB y una intensificación de los programas de formación profesional, tanto en su versión reglada como en la ocupacional.

Hemos de concluir; cuando hablamos de converger con la Comunidad, deberíamos precisar qué grupos sociales serán los beneficiarios del proceso. Las clases más favorecidas de España no precisan, bien es cierto, convergencia alguna. Hace tiempo que sus niveles de bienestar se asemejan a los de idénticos grupos sociales de los países más prósperos de Europa. Son los colectivos hasta ahora menos beneficiados por el crecimiento de nuestra economía los que en mayor medida se verán positivamente afectados por una política que pone el acento en el empleo.

Este objetivo puede proporcionar rentas adicionales a aquellas familias en las que algún miembro ya tiene empleo, hace retornar al mercado de trabajo a quienes han sido excluidos del mismo y son parados de larga duración y respalda los proyectos de autonomía personal de centenares de miles de jóvenes españoles. Todos esos grupos sociales: las mujeres que quieren acceder al mercado de trabajo, los parados de larga duración y los jóvenes, son los destinatarios del programa de convergencia. ¿Por qué habría de ser para ellos dolorosa la convergencia?

Francisco Fernández Marugán de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, es diputado por Badajoz. Luis Martínez Noval ministro de Trabajo y Seguridad Social, es diputado por Asturias.

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