El desbloqueo

LOS CIEN días de incumplimiento por parte del Parlamento del plazo legal establecido para la renovación de cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluido su presidente, han coincidido con la formulación de algunas propuestas tendentes a desbloquear la situación. De una de ellas es autor el Partido Popular; al proponer una lista de cinco candidatos profesionalmente prestigiosos e independientes, el PP ha puesto a prueba la voluntad del resto de los grupos parlamentarios, principalmente del socialista, en la búsqueda de soluciones razonables a un supuesto de clara inobservancia de un mandato constitucional. Otra, planteada por el presidente en funciones de la institución, Francisco Tomás y Valiente, mira más bien hacia el futuro. Convencido de que la situación actual puede repetirse, propone un procedimiento para que la renovación de los magistrados del TC deje de corresponder, pasado un plazo sin cumplimentarla, al Parlamento y recaiga en el propio tribunal.De la primera, dejada a ' un lado su iniciativa política, sólo puede decirse que constituye un serio precedente para acabar con una situación indeseable y lesiva para las instituciones. De la segunda, dejando también a un lado la bondad del fin que persigue, hay que decir que, además de inconstitucional en los términos en que se plantea (algo realmente llamativo en el presidente del máximo intérprete de la Constitución), promueve una práctica incompatible con la democracia: la del corporativismo institucional. Además, el remedio propuesto sería peor que la enfermedad. Los inconvenientes de la elección parlamentaria -lucha de influencias en torno a los candidatos, pugna por las cuotas, de su reparto, oscurantismo en su designación, etcétera- no harían sino trasladarse al reducto, seguramente más inerme ante las posibles presiones, de los 12 magistrados del TC. Pero con la agravante de que la institución que tiene a su cargo vigilar la constitucionalidad de las leyes y el respeto de los derechos fundamentales se reproduciría a sí misma, de forma endogámica, desvinculándose del poder del Estado que la conecta con la soberanía popular: el Parlamento.

A corto plazo, la propuesta del PP es un precedente digno de tener en cuenta si se quiere acabar con algunos de estos males: el sistema de cuotas y la falta de transparencia en la designación de candidatos. La lista hecha pública por el partido conservador, integrada por tres magistrados -Clemente Auger, Rafael Mendizábal Allende y José Gabaldón-, un fiscal recientemente jubilado -Cándido Conde-Pumpido- y un catedrático de Universidad -Manuel Alonso Olea-, responde plenamente a las criterios constitucionales exigidos: juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio. Respeta también la pluralidad profesional, e incluso ideológica, que la propia Constitución propicia al exigir una mayoría cualificada de tres quintos para su elección, es decir, 210 diputados. Y el hecho de que haya sido elaborada con el concurso de asociaciones y colectivos profesionales de juristas no condiciona en absoluto su validez. Antes al contrario, puede explicar su acierto.

Tampoco puede afirmarse, como ha hecho el portavoz socialista en el Congreso, Eduardo Martín Toval, que atenta contra la autonomía del Parlamento, salvo que se considere que sólo los contactos con asociaciones profesionales del mundo del Derecho, y no otros menos transparentes, como los que suelen realizar los partidos políticos para elaborar su lista de condidatos, ponen en cuestión la independencia de la designación parlamentaria. Puede que el PSOE tenga in mente una lista de condidatos tan buena -mejor, es difícil- como la del PP. Pero mientras no la proponga formalmente, tendrá serias dificultades para cuestionar la del grupo conservador.