Prórroga para el dictamen judicial del Banco Ibercorp

Los interventores judiciales del Banco Ibercorp han solicitado al juez Ignacio del Riego, que instruye la suspensión de pagos de la sociedad, una prórroga para la presentación del dictamen preceptivo, cuyo plazo vencía hoy. Con esta prórroga se pretende dar tiempo a que los propietarios del banco presenten las garantías suficientes para evitar su insolvencia definitiva y posibilitar así su venta a Caja Cantabria.

Las negociaciones entre los propietarios del Banco Ibercorp y los interventores que representan a los acreedores -dos en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos y uno de Caja Cantabria- avanzan lentamente. Transcurridos más de 80 días desde que la entidad presentara, el 4 de marzo, suspensión de pagos, los tres accionistas mayoritarios del banco, Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, han accedido a afianzar cerca de 1.500 millones de pesetas por los créditos sin garantías concedidos en su día a sociedades vinculadas al grupo o a ellos mismos. Este afianzarniento es todavía insuficiente, a juicio de los acreedores, para equilibrar el balance y evitar la declaración de insolvencia. El juez que instruye el caso tendrá que responder hoy mismo a la solicitud de los interventores, aunque todas las fuentes consultadas por este periódico coincidieron en señalar que aceptará la prórroga pedida, "ya que beneficia a la masa de acreedores de la entidad". Una vez admitida, interventores y propietarios intentarán cerrar las negociaciones que permitan una venta rápida a Caja Cantabria, acreedora del Banco Ibercorp por 1.000 millones de pesetas. Esta caja de ahorros tiene practicamente decidido comprar el banco y ha mantenido ya varias conversaciones con el Banco de España, para asegurarse unas ayudas oficiales similares a los casos anteriores de crisis bancaria.

Valor patrimonial

Las garantías ofrecidas hasta la fecha corresponden a activos de sociedades vinculadas a los tres accionistas mayoritarios del grupo. En su primer informe al juez, presentado el 14 de abril, el presidente de la entidad, Jaime Soto declaró que el banco tenía un valor patrimonial positivo de 1.370 millones de pesetas, apoyándose en los últimos informes presentados para la fusión con Sistemas Financieros y Grupo Ibercorp. Esta apreciación no coincide con la de los interventores, que hicieron saber a Jaime Soto, Manuel de la Concha y Benito Tamayo que si no garantizaban cerca de 2.000 millones de pesetas corrían el riesgo de acabar con una declaración de insolvencia definitiva, ya que su análisis arroja un agujero (patrimonio neto negativo) de cerca de 1.000 millones de pesetas. Ello podría llevar al juez a decretar la quiebra.