Los obispos acusan al Gobierno de aprobar leyes que perjudican a los más pobres

Los obispos han eludido pronunciarse explícitamente sobre la huelga convocada por los sindicatos para el próximo día 28 en señal de protesta por el decreto, conocido como decretazo. Sin embargo, han ido algo más allá que durante el paro general del 14-13 de 1988, en que mantuvieron un elocuente silencio. Ahora, los prelados, en una declaración efectuada tras su última sesión plenaria, que concluyó el pasado viernes, consideran que algunas de las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno penalizan "a los sectores más deprimidos y débiles de nuestra sociedad".

El episcopado señala que la actual situación, "en la que la distancia económico-social entre los que trabajan y los que no pueden hacerlo, se acentúa cada vez más", tiene como un efecto "importante, el deslizamiento hacia una sociedad dual". En las medidas legislativas del Gobierno subyace, a juicio de los prelados, un modelo que prima la competitividad "en detrimento de la justicia social, de la solidaridad y de la participación de todos los sectores sociales. Penaliza, además, con mayores costessociales a los más débiles y gravita especialmente, sobre la agricultura y la industria". Como consecuencia de esta situación, los sindicatos "han convocado "un paro general de media jornada". "La huelga", dicen los prelados, "es un derecho ético y constitucionalmente incuestionable, siempre que se cumplan las condiciones de necesidad, libertad y respeto a las personas y a las instituciones". La declaración del episcopado pide que se evite durante la jornada de paro "todo signo de violencia" y que se asegure a los ciudadanos, "mediante el oportuno diálogo", los servicios mínimos imprescindibles".

El texto concluye señalando que, ante la integración en Europa y el proceso de convergencia, los católicos debemos tomar conciencia de las consecuencias sociales, apoyar las positivas, denunciar las contrarias a la dignidad de la persona humana, colaborar en la búsqueda de soluciones y ser un signo de esperanza para todos con nuestra solidaridad".

La organización católica Cáritas profundiza aún más en la situación socioeconómica y considera, en un comunicado difundido el pasado viernes, como inadecuados el plan de convergencia y el decretazo para conseguir una mejor distribución de la riqueza.

A su juicio, informa la agencia Servimedia, estas medidaseconómicas responden a criterios neoliberales, que no participan de la idea "de redistribución socioeconómica del crecimiento", sino que contribuyen a establecer mayores diferencias sociales entre los ciudadanos.

Distancia del 14-D

Cáritas, al igual que durante la huelga del 14-D de 1988 hicieron algunos movimientos apostólicos, se ha mostrado más explícita que la Conferencia Episcopal. Durante el pasado 14-D y a preguntas de este periódico, el presidente del episcopado, cardenal Ángel Suquía, manifestó: "En los días anteriores al 14-D el Comité Ejecutivo hizo una consulta telefónica entre sus miembros y ninguno de ellos veía por qué hablar en aquella situación. Decíamos que no veíamos qué había que decir. Era una situación compleja, porque las hay complejas y difíciles en las que se debe hablar, pero era una situación muy, muy, muy política, de técnicas políticas muy concretas y no es ese nuestro campo de acción y nos callamos y que conste que nos lo han agradecido unos y otros". Ante los argumentos esgrimidos por el presidente del episcopado con motivo de la huelga del 14-D, el pronunciamiento hecho público ayer por los obispos puede interpretarse como un éxito del sector de los prelados más preocupado por los problemas sociales.

El pasado mes de febrero se hizo público un documento de la Comisión de Pastoral Social crítico con la política del Gobierno. La oficina de prensa de la jerarquía católica matizó entonces que no eran todos los obispos de la comisión permanente quienes realizaban la crítica sino los miembros de la citada comisión.