Un asalto a los derechos sociales y laborales

Aunque el Gobierno quiera endulzarlo con un perfecto marketing de vendedor de crecepelo ("no es un ajuste", "se van a crear un millón de puestos de trabajo", "no implica sacrificios"), lo cierto es que el llamado plan de convergencia es más de lo mismo; esto es, la misma política económica de siempre, sólo que más endurecida y prolongada en el tiempo. Dicho de otra manera, el Gobierno González utiliza los Acuerdos de Maastricht como coartada para imponer una política recesiva a la economía, de altos costes sociales para los segmentos más frágiles de la población.Es tan claro el pretexto que buena parte de las medidas contenidas en dicho plan están sacadas de las famosas 27 medidas de flexibilización de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, elaboradas en 1986, antes incluso de la entrada de España en la Comunidad Europea. La coincidencia es tan extraordinaria que una de dos: o García de Blas es una especie de Julio Verne que se adelantó a su tiempo con sus predicciones o es que no se les ocurre otra cosa para afrontar los problemas de la economía española que el recorte de los derechos sociales y laborales. Más parece que obedezcan a una sobredosis de liberalismo económico del Ministerio de Economía.

¿Qué medidas básicas contiene el plan? Se plantea una brusca reducción del déficit público (1% en 1996, más allá de las referencias de la propia Comunidad Europea: 3%) y de la inflación (3% para 1996, si bien el margen permitido situaría el objetivo sensiblemente por encima). Cuando hay dudas, más que razonables, sobre la solidez política y económica del proceso, el Gobierno, en un auténtico alarde de papanatismo comunitario, va en su ambición más lejos que Maastricht. Sin embargo -qué curioso- no se fija ningún objetivo concreto en otra de las condiciones: la bajada de los tipos de interés. En pocas palabras, opta por el ajuste duro frente a otro más suave. Mantener que no supondrá sacrificios es, sencillamente, delirante.

Esta sacralización de algunas magnitudes macroeconómicas olvida la creación de empleo en cantidad y en calidad, la cohesión social y la implementación de una política industrial activa. La obsesión por la pura convergencia nominal y por la estabilidad monetaria, al acentuar los riesgos de recesión, sacrificaría el desarrollo económico, la equidad y el bienestar de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo del Portugal salazarista es claro: pueden coexistir una moneda fuerte y un país pobre.

Los vientos de recesión soplan fuertes en Estados Unidos, el crecimiento económico está bajando en Japón y Alemania, y la economía española se ha desacelerado en los últimos dos años. Así las cosas, reiterar una vez más el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo parece una broma de mal gusto, cuando nunca para este Gobierno la creación de empleo ha sido un objetivo prioritario de su política económica.

La esencia del plan de convergencia es el asalto a los derechos sociales y laborales. Sus ejes fundamentales son:

1. El recorte de derechos y de gastos sociales es el mecanismo que se pretende utilizar para reducir el déficit público cuando se renuncia a mayores ingresos, a no ser por la vía de las privatizaciones. En esta línea se apunta la congelación de los gastos sanitarios, con la consecuencia del mantenimiento del deterioro de la calidad de la sanidad pública, al no haber crecido el gasto paralelamente con la universalización.

Requisitos más duros

Especialmente grave es el decreto ley (DL) de recorte de la cobertura a los parados, auténtico golpe de mano del Gobierno sobre los más débiles. Con él se endurecen los requisitos para acceder a las prestaciones, elevando de seis meses a un año el tiempo mínimo de cotización para tener derecho al seguro de desempleo. Se rebaja la relación entre tiempo de cotización y de prestación contributiva (antes: por seis meses de cotización, tres de seguro; con el DL: 12 meses de cotización para cuatro de seguro de desempleo); se reducen las cuantías del 80% al 70% de la base de cotización en los primeros seis meses de prestación básica, y, con menos de un año de cotización, cambiarían las prestaciones contributivas (en función del salario real) por las asistenciales (tan sólo del 75% del salario mínimo interprofesional). También se cambia, de forma disparatada, el criterio de oferta adecuada de empleo.

Por ejemplo, antes del DL, un trabajador con un año de cotización tenía derecho a un seguro de desempleo medio de 80.000 pesetas al mes durante seis meses, con lo aprobado tiene derecho a 70.000 pesetas por cuatro meses; es decir, pierde 200.000 pesetas, lo que supone un recorte del 41,6% de su prestación.

Otro ejemplo: un parado que es titulado superior o medio, un oficial de oficio o administrativo al que le ofrecen un primer contrato temporal de peón ganando la mitad de su seguro de paro, si no lo acepta, le quitan inmediatamente su prestación contributiva, aunque haya cotizando muchos años, la oferta sea profesionalmente inadecuada y salga perdiendo dinero.

¡Pues sí que empezamos bien! La primera medida del plan de convergencia pone, además, de manifiesto el déficit democrático del Gobierno. Un mes después de la reunión entre el presidente y los secretarios generales de los sindicatos, la respuesta, en forma de DL, explicita el desprecio de Felipe González al diálogo social. Se han roto las más elementales reglas de juego: no ha habido negociación ni consulta, ni convocatoria del Inem, ni se ha llevado a las mesas de negociación abiertas para la reforma del Inem y de la contratación. Podían haber utilizado las prisas para enviar a las Cortes el proyecto de ley de salud laboral o medidas legislativas para atajar la corrupción y el fraude fiscal.

Aunque se quiera presentar en paralelo con alguna medida de vaselina que retoque un tipo de contratación, como la elevación de seis meses a un año del contrato temporal para puestos de trabajo fijos (este contrato es el cáncer del mercado de trabajo por su carácter no causal y debería derogarse), su impacto negativo apenas se aminora: el citado contrato temporal supone el 21 % del total de los contratos. Las restantes 13 modalidades de contratación existentes (3,7 millones de contratos en 1991) pueden tener, y de hecho tuvieron (el 86% en 1.991), una duración inferior al año.

En un país con un 17% de tasa de paro, con un 38% de precariedad en el sector privado y con una grave crisis industrial, este recorte de la cobertura al desempleo es un auténtico atropello social que amenaza a millones de trabajadores.

2. La flexibilidad laboral es entendida por el Gobierno y la patronal como la desregulación del mercado y de las condiciones de trabajo, esto es, como el recorte de derechos de los trabajadores, el aumento del autoritarismo empresarial y una menor democracia industrial. En esta dirección se insertan cuestiones estratégicas, como la eliminación de barreras para la movilidad geográfica y funcional, a discreción de las empresas, a través del anuncio de derogación de las ordenanzas laborales.

3. La reconversión industrial empresa a empresa es la única alternativa del Gobierno frente a la demanda social de reindustrialización. Se pretende repetir la jugada de la primera mitad de los ochenta: reducción de la capacidad productiva y del empleo, aumento de la productividad pasiva y saneamiento financiero con fondos públicos. El presidente del Gobierno ha rechazado las propuestas realizadas por los secretarios generales de los sindicatos de abrir negociaciones sobre la ley de industria, mesas sectoriales y mesas territoriales para la reindustrialización. Todo ello, cuando la contribución industrial al PIB es muy inferior a la media comunitaria y se ha reducido aún más en el periodo económico más expansivo (1985-1990). Tras 10 meses de movilización -desde la primera huelga general de León el 16 de mayo pasado- se comprueba que, desgraciadamente, sólo a través de ella se van consiguiendo ¡abrir espacios de negociación! y algunas soluciones.

4. Se pretende acelerar el proceso de privatización de la economía seguido en estos últimos años. A la vez que se renuncia a la democratización del Estado y a la reforma de las administraciones públicas, se congela la oferta pública de empleo sin mejorar los servicios, se apunta la reducción del sector público y el recorte de subvenciones a las empresas públicas. La soflama liberal realizada por Solchaga en febrero, planteando la disminución del sector público y limitando el carácter público imprescindible a la policía, la justicia, las embajadas y pocas cosas más, no deja lugar a dudas sobre las intenciones. Lo más grave es que, a veces, para facilitar las privatizaciones, se practica lo que se podría llamar la planificación consciente del deterioro.

Receta recurrente

5. La moderación salarial es la receta recurrente de este Gobierno y de la derecha económica, y no podía faltar en su plan. No obstante, parece que han atemperado algo la ofensiva ideológica en este frente. Quizá sea porque reconocen que la política salarial de los sindicatos es muy prudente y los incrementos salariales crecen menos que la productividad, o quizá, ¡por fin!, se rinden ante la evidencia de que en una de las pocas cosas en las que realmente somos competitivos es en los costes laborales. A pesar de todo seguirán intentando ajustar los salarios para los empleados y las empresas públicas, dando doctrina y ejemplo a la patronal y jugando con la trampa de unas previsiones de inflación poco creíbles.

6. Para imponer la política anteriormente descrita necesitan amordazar la contestación social, y para ello no hay nada mejor que una ley que recorte el derecho de huelga. El Gobierno ha enviado un anteproyecto de ley de corte thatcherista, peor que el real decreto ley de 1977. En él se mantiene la unilateralidad gubernativa en la fijación de los servicios mínimos, se endurecen las sanciones y el despido, se permite sustituir a los huelguistas, se aumentan los supuestos de huelgas ¡lícitas, se pueden embargar las subvenciones de los sindicatos y se regula el cierre patronal.

Este Gobierno colisiona cada vez más con más colectivos sociales: trabajadores y sindicatos, periodistas, jueces y fiscales, agricultores y ganaderos, etcétera. La única explicación al fenómeno es el carácter conflictivo del modelo autoritario de crecimiento económico y de desarrollo político aplicado; por eso necesita recurrir, cada vez más, a la coerción y al recorte de libertades y derechos democráticos. Si la política es antisocial y encima no se negocia, sólo queda reprimir. En esta línea hay que entender tanto el intento de ley de huelga, como la Ley de Seguridad Ciudadana (con sus recortes de derechos colectivos de reunión, manifestación y huelga, a través de durísimas sanciones), o algunos aspectos de la reforma del Código Penal (la nueva tipificación del delito de difamación para intentar amordazar a la prensa en relación a la corrupción).

Si no se estuviera pensando en términos de convergencia de escaparate y sí en una convergencia real, el gran objetivo de la sociedad española tendría que ser la combinación de la cohesión social y la económica a partir de la supresión de los déficit con la Comunidad Europea.

Dicho de otra manera, converger con Europa significa: crear más y mejor empleo, restablecer el principio de causalidad en la contratación, fortalecer la base industrial y productiva, alcanzar una sanidad pública de calidad y gratuita que amplíe sus prestaciones aumentando el gasto y mejorando la gestión, mayores pensiones y cobertura al desempleo, más calidad de los servicios públicos, carreteras y comunicaciones, el abaratamiento del precio de la vivienda, mejores salarios y una mayor capacidad y equidad del sistema fiscal. La Iniciativa Sindical de Progreso formula múltiples propuestas en esta dirección.

Para ello hace falta otra política económica que evite el recurso simple a la depresión de la economía, cambiando la orientación monetarista actual y utilizando los márgenes de maniobra que nos permite el bajo nivel de endeudamiento público, la capacidad de mejora recaudatoria del sistema fiscal, la elevada reserva de divisas, el protagonismo público en las políticas sectoriales y la reducción de los tipos de interés.

La política económica neoliberal recabará el aplauso de la gran patronal, pero tendrá enfrente a los sindicatos y a la mayoría social. Lo peor que podría suceder es que el Gobierno impusiera su plan y, encima, quedase la percepción social de que los sindicatos no estuvimos a la altura de las circunstancias; con ello, a la derrota de la sociedad se sumaría el desprestigio del sistema sociopolítico. Ante el dogmatismo antisocial del Gobierno, y si no retira el decreto ley de recorte de la cobertura al desempleo, los sindicatos tenemos la responsabilidad de organizar una campaña y un paro general lo suficientemente contundente como para parar esta provocación social. Algo perfectamente posible con unidad y determinación.

es secretario de acción sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.