División entre constitucionalistas

La polémica por el uso del decreto-ley divide a los constitucionalistas. Varios creen que el recurso tiene pocas posibilidades de prosperar, dado que la jurisprudencia del Constitucional da margen considerable al Gobierno para regular por sí mismo aspectos que afectan a los derechos y libertades de los ciudadanos. Otros opinan lo contrario.El catedrático Jorge de Esteban mantiene que no pueden regularse por decreto-ley los derechos reconocidos en el título I de la Constitución, entre los cuales figura la existencia de un sistema público de Seguridad Social que "garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ( ... ) especialmente en caso de desempleo", contemplada en el artículo 41.

Esa tesis es muy difícil que sirva de base a un recurso, según el catedrático Manuel Jiménez de Parga, quien asegura que la interpretación realizada por el Constitucional "ha desdibujado mucho los límites a la utilización de los decretos-leyes".

Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla dice: "Con la doctrina del Constitucional, no hay base ninguna para dudar de la constitucionalidad del decreto-ley.

En cambio, Diego López Garrido, catedrático en Castilla La Mancha, entiende que el hecho de que la Constitución garantice prestaciones de desempleo es suficiente para considerarlo un derecho y es muy discutible que el Gobierno pueda regularlo por sí mismo.