Referéndum y violencia

El pacto autonómico suscrito entre el PSOE y el PP se ha interpretado en Aragón -donde gobiernan en coalición el Partido Aragonés y el Partido Popular- como un instrumento que consolida un nivel de competencias escaso e impide o dificulta ser comunidad de primera, como Cataluña o País Vasco.Todos los partidos, excepto el PSOE, se agruparon en una Mesa que convocó la manifestación del 23 de abril para demandar "autonomía plena". Sin embargo, destacados socialistas, encabezados por el alcalde de Zaragoza, Antonio González Triviño, salieron a la calle. "Volvería a hacerlo. No creo que me sancionen", afirma el alcalde, que desobedeció al partido y obtuvo un gran apoyo de los ciudadanos. Cree que el pacto autonómico permite alcanzar un nivel de autogobierno suficiente para Aragón.

El debate avanza deprisa. El presidente aragonés, el regionalista Emilio Eiroa, ha propuesto un referéndum para la reforma del Estatuto de Autonomía -aprobado en 1982- si el dividido PSOE bloquea el proceso de plena autonomía. El partido socialista -el más votado- ha reaccionado en contra de la consulta popular. Sin embargo, ya acepta discutir en la comisión especial de las Cortes autonómicas esta reforma que no sería posible sin sus votos.

El Ejecutivo regional ha sabido enarbolar la bandera y se ha situado en la cabeza de la reivindicación. La postura del Gobierno central en defensa del pacto autonómico, ratificada por la ministra Rosa Conde el pasado miércoles, ha recibido críticas.

Desde las propias filas del Partido Aragonés se ha mencionado el fantasma de la radicalización violenta, un peligro en el que nadie quiere acabar de creer. "Hay grupos radicales, pero no creo que Aragón vaya a apostar nunca por la violencia", afirma Chesús Bernal, dirigente de la Chunta Aragonesista, el grupo de nacionalismo más radical. Predica el derecho a la autodeterminación, pero sin matiz separatista.