Las diferencias entre los juzgados bloquean la resolución del caso Cor

La crisis del Grupo Cor se halla en un callejón sin salida al producirse un enfrentamiento entre el juzgado número 10 de Barcelona y el número 60 de Madrid. El primero instó a la quiebra del grupo mientras que el segundo llevaba adelante la suspensión de pagos. La pasada semana el juzgado de Barcelona precintó las oficinas de Cor en Madrid en contra de la opinión de la titular del juzgado 60 de Madrid. Las diferencias entre los juzgados han llevado la crisis a un crucial momento que tiene todos los visos de llegar al Tribunal Supremo, según las fuentes jurídicas consultadas.

El proceso jurídico del Grupo Cor sigue complicándose al enfrentarse los dos juzgados que de forma paralela tratan de solventar la crisis del grupo financiero que preside Jesús Balaguer. El pasado 24 de febrero Cor presentó en Madrid suspensión de pagos con un pasivo de 3.142 millones de pesetas. Cuatro días después el juzgado número 10 de Barcelona admitía a trámite la quiebra del grupo instada por el bufete de Antonio Peñarroja en nombre de varios acreedores. Desde entonces se ha solapado este doble proceso legal mientras que los acreedores no han logrado ponerse de acuerdo para formar un comité que negocie con los responsables de Cor un plan para el pago de las deudas del grupo.

Ante el doble proceso legal era necesario que uno de los dos juzgados se inhibiera para que pudiera actuar el otro. En los precedentes de estos casos lo habitual, según fuentes jurídicas, es que siguiera adelante la suspensión de pagos que garantiza una mejor defensa de los intereses de los acreedores.

Con esta idea el pasado 30 de marzo el juzgado número 60 de Madrid pidió al 10 de Barcelona. que se inhibiera en el proceso de quiebra necesaria para poder seguir con la suspensión de pagos. De hecho, la suspensión de pagos ya llevaba mucho camino andado al colaborar con el juzgado la dirección del Grupo Cor. El 30 de marzo se dió un nuevo paso al presentarse en el juzgado el balance de situación de Cor. En ese balance se retocaban las cifra presentada en el expediente de suspensión de pagos del 24 de febrero. Así, el pasivo pasaba desde 3.142 millones de pesetas a 4.780 millones. El activo de la sociedad se cifraba en ese balance en 6.618 millones de pesetas frente a los 8.000 millones del expediente de suspensión.

El juzgado de Barcelona no sólo no se ha inhibido en el proceso, sino que ha intervenido las oficinas del grupo en Madrid en contra de la opinión del juzgado número 60 de esa ciudad. El juez Peñarroja considera que los datos de la empresa reflejan con claridad la situación de quiebra.

La intervención decretada por el juzgado de Barcelona ha hecho que se cierren las oficinas, lo que se interpretado como un nuevo obstáculo para que los acreedores puedan seguir las negociaciones con Cor para cobrar sus deudas.

En estos momentos los interventores nombrados para la suspensión de pagos, Luis del Olmo y Marcelino Gallardo, por parte del juzgado de Madrid y José María González, por parte de los acreedores, han quedado suspendidos de sus funciones al bloquearse la suspensión de pagos.

Según fuentes jurídicas, la situación tan sui generis creada hace pensar que tan sólo la elevación al Tribunal Supremo del caso puede desbloquear el proceso. Añaden que el proceso del Grupo Cor no estará resuelto antes de dos años.