El Gobierno ruso dimite por la imposición parlamentaria de una política económica inviable

El máximo responsable de la reforma económica, Yegor Gaidar, y todos los demás ministros del Gobierno ruso, presentaron ayer su dimisión al presidente Borís Yeltsin, quien les pidió que, por el momento, siguieran en sus puestos. La oposición, que no logró pasar una moción de censura presentada contra el Gobierno, consiguió su objetivo al obtener la aprobación de una resolución que prácticamente imposibilita al Gabinete continuar con su política económica, al imponer insoportables cargas financieras. La renuncia del Gobierno desencadena una seria crisis, que Yeltsin podría intentar resolver con un referéndum.

El Gobierno que se reunió el domingo con el presídium del Parlamento y, en palabras de Gaidar, "acordó coordinar las acciones para no paralizar la ejecución de las reformas no esperó a que el presídium presentara a los diputados el proyecto de declaración que pudiera servir de compromiso, y anunció su renuncia. Gaidar dejó ayer claro que la dimisión no es irrevocable, y que los ministros reconsiderarían su decisión si se les garantiza que podrán seguir con su política.El problema es que la resolución aprobada el fin de semana, con Yeltsin inexplicablemente ausente, significa, según Gaidar, "un cambio obligado de todo el curso de la política económica" y "el fin de las esperanzas de una seria colaboración con el mundo". Más aún, para el máximo responsable de la reforma económica, cumplir esa resolución "destruiría" el sistema financiero y el rublo, convertiría en inútiles todos los sacrificios que se han hecho y conduciría al abismo.

"Una catastrófica caída en el nivel de vida, hambre, conmociones sociales y caos: ésos serán los resultados inevitables del cumplimiento de las decisiones del Congreso", dice el texto de dimisión que los ministros presentaron a Yeltsin.

El Gobierno no está de acuerdo con que se dé sólo tres meses de plazo al Parlamento para aprobar la ley del Gabinete de Ministros -que, una vez promulgada, acaba automáticamente con los poderes extraordinarios de que goza el presidente-, pero lo que más le preocupa de la resolución del sábado son los problemas económicos que plantea.

La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios de los "trabajadores de la ciencia, la salud, la cultura y la educación según el coste de la vida. Para esto, de acuerdo con los cálculos de los expertos del Gabinete, se necesitarían 709.000 millones de rublos adicionales al año. La financiación extraordianria de la agricultura, que exige la resolución, supondría otros 500.000 millones. Como resultado, el déficit presupuestario alcanzará en 1992 el billón y medio de rublos, lo que equivale al 23% del producto nacional bruto o al80% de los ingresos presupuestarios.

El académico Pável Búnich, miembro del Consejo Consultativo Presidencial, opina que el plazo dado por el Congreso para presentar la Ley de Gobierno de Ministros es "más o menos normal". Lo "más peligroso" está en los puntos que sustituyen la liberalización de los precios de los combustibles por precios regulados y otorgan "créditos injustificados" a las empresas. "Estos puntos anulan todo lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora", sentencia de acuerdo con Gaidar.

Votación crítica

El presídium del Parlamento ha preparado un proyecto de declaración, según el cual "el Congreso de los Diputados del Pueblo apoya el plan del presidente de la Federación Rusa para las reformas políticas, económicas y sociales radicales; considera que entre las principales tareas del Parlamento y el Gobierno están el desarollo integral del programa de reformas, el fortalecimiento del sistema presupuestrario y financiero, el impedir la toma de decisiones en interés de determinadas instituciones o grupos sociales y el concentrar los esfuerzos en la defensa social de las capas de bajos ingresos". Este proyecto se votará hoy.

En caso de que no se logre un compromiso, Yeltsin, aún tiene la posibilidad de recurriral Tribunal Consitucional para que se pronuncie sobre la legitimidad de algunos de los puntos de la resolución del sábado y la de convocar a referéndum para que el pueblo decida sobre su disputa con el Parlamento.