Los sindicatos dejan la última palabra sobre los servicios a una comisión y no al Gobierno

Los sindicatos CC OO y UGT presentaron ayer su propuesta para una nueva ley de huelga, que es abiertamente contraria a la presentada por el Gobierno. Las centrales dan la última palabra a una comisión de expertos nombrada por el Parlamento a la hora de concretar los servicios esenciales y mínimos que deben cumplirse cuando no exista un acuerdo previo entre la Administración y los sindicatos de cada sector o en una empresa concreta. Con carácter general, se contempla una lista cerrada y por ley de 15 servicios esenciales. Esta propuesta no incluye expresamente el despido como sanción. Si se acepta su alternativa, los sindicatos se comprometen a no hacer coincidir las huelgas en sectores y días clave.

La propuesta sindical, elaborada por UGT y CC OO junto a ocho catedráticos expertos en derecho laboral, persigue quitar al Gobierno la última potestad en la fijación de los servicios esenciales. Como explicó Nicolás Redondo, Ia autoridad gubernativa es juez y parte, y hasta ahora sólo ha intentado limitar el derecho de huelga". Frente a ello "se propone un sistema pactado o de arbitraje independiente".Por su parte, el secretario general de CC OO, Antonio Gutiérrez, señaló: "Desde hace mucho tiempo hemos mostrado nuestro empeño en que se regule la ley de huelga de forma que el ejercicio de este derecho no amenace otros derechos fundamentales de los ciudadanos". Esta actitud contrasta, según Gutiérrez, con la del Gobierno, que ha presentado un borrador "de forma unilateral y con fines regresivos". Ambas centrales reiteraron, no obstante, que su postura sigue abierta al diálogo.

La propuesta sindical desarrolla únicamente el artículo de la Constitución que hace referencia al derecho a la huelga, sin entrar en otros aspectos, como el del cierre patronal, "ya que no se trata de un derecho fundamental", según explicó el catedrático Luis Enrique de la Villa, uno de los autores del proyecto. Distingue entre servicios esenciales a proteger y los mínimos, "ya que los primeros son el fin, y los segundos, el medio".

La nueva ley de huelga debe fijar, en su opinión, una lista cerrada de los servicios esenciales -se proponen 15-, a diferencia del borrador del Gobierno, donde la relación se deja abierta para incorporar jurisprudencia posterior. Según los sindicatos, su alternativa en este punto persigue la seguridad jurídica y evitar arbitrariedades por parte del Gobierno y conflictos posteriores.

Una vez aprobada la ley en el Parlamento, cada sector de actividad se regirá por "acuerdos en frío"; es decir, previos a la convocatoria de la huelga y con carácter duradero. Estos pactos se suscribirán entre los sindicatos más representativos de cada sector y el organismo de la Administración competente. Las empresas no estarán presentes en la negociación, ya que, según los expertos, "lo que está en juego es el derecho de los trabajadores a la huelga, y el de los ciudadanos, a la obtención de un servicio público, pero nada más".

Si no existe este acuerdo entra en juego una comisión de expertos, formada en principio por cinco miembros, y nombrada por el Parlamento de la nación o el regional, según el alcance de la huelga. La comisión emitirá un laudo vinculante, pero transitorio, hasta que las partes alcancen un acuerdo.

La propuesta del Gobierno no contempla este paso previo de los servicios esenciales por sectores, sino que pasa directamente a la regulación de los mínimos. En este aspecto se reserva la última palabra en el caso de considerar insuficientes los que fijen los sindicatos cuando no hayan llegado a acuerdos en sus empresas. La alternativa de las centrales, por el contrario, consiste en que éstas presentarán a la empresa -10 días antes de la huelga- una propuesta concreta para el cumplimiento de los mínimos. Si no hay acuerdo se fijarán según los procedimientos señalados en los pactos sectoriales.

El alcance de las sanciones por incumplimiento de estas normas también difiere entre ambas propuestas. El Gobierno contempla la posibilidad de despido, mientras que las centrales no la incluyen. únicamente señalan que las sanciones serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento. La procedencia o no del despido sería dictaminada por los tribunales de lo social.

Los sindicatos declaran su voluntad de no hacer coincidir las huelgas en determinados servicios y no realizarlas en fechas clave si se aceptan sus propuestas.