Pedagogía del debate

TUVO RAZÓN Julio Anguita al reclamar del presidente del Gobierno mayor claridad a la hora de especificar las consecuencias reales de la aplicación del plan de convergencia propuesto por el Ejecutivo. En su respuesta, Felipe González informó de que para tener acceso a las prestaciones por desempleo se exigirá haber trabajado durante un año como mínimo. Hasta ahora bastaban seis meses. De esta manera, un asunto que afecta directamente a millones de ciudadanos, tal vez el de más importancia inmediata de entre los tratados en el debate, hizo su aparición de refilón, casi al final, en la segunda réplica a los portavoces de la oposición.La inminente presentación al Congreso por parte del ministro de Economía de las medidas que desarrollan el citado plan sirvió de justificación para no profundizar en aspectos concretos del mismo que hubieran podido interesar a los ciudadanos. Pero ello perjudicó el intento de acercar el debate político sobre la integración europea a las inquietudes del público. En el extremo opuesto, la presentación sobre la marcha de más de un centenar de propuestas de resolución sobre los más diversos asuntos -incluyendo reformas cuya aprobación costaría cientos de millones de pesetas- resulta un método escasamente pedagógico para ilustrar sobre la función del Parlamento e interesar a la gente. Que el presidente del Gobierno se abstuviera de acudir a la segunda jornada del debate, por segundo año consecutivo y a sabiendas de cómo iba a ser interpretada su ausencia por la oposición (y por la opinión pública), no sólo es deseducativo, sino casi provocador. La gripe alegada es débil atenuante frente a la necesidad de hacer frente al clima "enrarecido y de desquiciamiento general" a que aludió hace poco el propio González.

La relación entre ese clima y las denuncias de corrupción es evidente, por más que seguramente también influyan factores como el estancamiento económico que ha seguido a la euforia de la segunda mitad de los años ochenta. Tampoco es descartable que las exageraciones o la inclinación por lo apocalíptico de algunos medios de comunicación estén contribuyendo a ese desquiciamiento. Pero la pretensión de González de reducir el problema de la corrupción a la contaminación de la opinión por los medios no pasa de ser una fantasía consoladora. ¿Cómo sería posible exagerar asuntos tan transparentes como los revelados por las falsas facturas de Filesa o las cintas del concejal Palop?

No menos ilusorio resulta el empeño del presidente por excluir del campo del debate político y control parlamentario aquellos comportamientos denunciados como irregulares o corruptos que no sean sustanciables ante los tribunales. Que éstos asuman las funciones propias del Parlamento, la prensa o la oposición no sólo contribuiría a judicializar aún más la vida política, sino a politizar (y restar credibilidad) al poder judicial. Instrumentos como las comisiones de investigación e iniciativas como la petición de dimisión ante comportamientos en los que se trasluzca ligereza, imprudencia, favoritismo u otros abusos no específicamente delictivos por parte de responsables políticos no son sustituibles por la intervención judicial.

Al oponer una resistencia exagerada a constituir tales comisiones o a aceptar las dimisiones, el Gobierno está favoreciendo las expectativas de los profetas del de sastre y contribuyendo a dramatizar innecesariamente algunos asuntos. Pero la oposición no es coherente cuando exige la dimisión como cuestión previa a cual quier investigación y, una vez obtenida, la considera prueba de reconocimiento de culpabilidad, desautorizando cualquier dictamen que no la confirme. Así ha actuado en el caso García Valverde.

Pero al margen de lo discutible de su diagnóstico, algunas de las propuestas adelantadas por González en relación a la corrupción merecieron ser tomadas en consideración. A Anguita le fallaron los reflejos al no ver en ellas una ocasión para tomarle la palabra al presidente en un terreno en el que Izquierda Unida está mejor situada que cualquier otra formación. Los escándalos más conocidos guardan relación con la financiación irregular de los partidos (o con negocios justificados con ese pretexto). Un pacto en favor de una democracia austera, que evite los despilfarros de las campañas y modere el crecimiento de los gastos corrientes de los partidos, no parece imposible. La idea de prohibir la contratación de obras públicas con las empresas que resulten condenadas por prácticas de soborno es excelente. Pero no hace falta esperar a que haya un pronunciamiento de los tribunales: que González convoque a las principales constructoras y les reitere esa advertencia ante las cámaras de televisión, y que, simultáneamente, los partidos se comprometan a expulsar de sus filas a quienes propongan o acepten sobornos. Aunque sea para financiar la causa. Eso sí que resultaría pedagógico.