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Torres dice que los fiscales no aplican las garantías del internamiento psiquiátrico

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, ha destacado en Córdoba el "insuficiente grado de cumplimiento" que las fiscalías españolas han hecho de las distintas instrucciones dictadas por su departamento para que se revisen, semestralmente los internamientos psiquiátricos de toda índole. Torres clausuró ayer en la capital cordobesa, junto al defensor del pueblo, Alvaro Gil Robles, la primera reunión de fiscales sobre internamiento psiquiátrico.

La reunión tiene su origen en el informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo que denunciaba la excesiva duración de los internamientos, desaconsejables desde el punto de vista médico y desproporcionados en atención al hecho delictivo cometido, muchos de ellos acordados sin las debidas garantías procesales.Las conclusiones de las jornadas, que elaborará la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, servirán de base para una nueva circular sobre el tema que dictará próximamente el fiscal general del Estado.

Gil Robles aseguró que en la actualidad hay unas 24.000 personas internadas en centros psiquiátricos, de las que 366 permanecen en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Foncalent (Alicante) y Sevilla-2. En esos casos el Defensor del Pueblo entiende que un 60% de las personas afectadas no deberían estar actualmente recluidas en hospitales psiquiátricos, y pidió a los fiscales que protejan los derechos fundamentales de esos enfermos y que exijan a juzgados y tribunales la revisión de todos los casos, algunos de los cuales evidencian "situaciones de flagrante injusticia", según Leopoldo Torres.

Torres pidió a los fiscales que protejan a los sectores "más abandonados y carentes de toda posibilidad de autotutela", caso de los menores y ancianos recluidos en centros psiquiátricos. Antes de la aprobación del nuevo Código Penal, la Fiscalía General del Estado dictará nuevas instrucciones para que los fiscales puedan abordar la revisión de los internamientos.

40 años por una bofetada

Torres considera que no se han cumplido las circulares que ordenaban a los fiscales revisar semestralmente todos los internamientos y realizar visitas periódicas a los centros psiquiátricos para evitar ingresos indebidos o permanencias excesivas.En las jornadas se han expuesto casos alarmantes, como el de un interno que lleva 40 años recluido en un centro psquiátrico por haber propinado una bofetada a un policía, y el de otros que llevan casi toda su vida por una falta que en la actualidad no es punible. La nueva jurisprudencia señala que el internamiento psiquiátrico debe restringirse al tiempo de la pena que le correspondería a un sujeto en caso de no estar eximido de cumplirla.

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