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García Vargas cifra en 6.000 millones el coste del despliegue militar para la seguridad de los actos del 92

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, cifró ayer en unos 6.000 millones de pesetas el coste del despliegue militar para garantizar la seguridad de los acontecimientos de 1992. Alrededor de 10.000 militares de los tres ejércitos colaborarán con el Ministerio del Interior para prevenir atentados contra la Expo o los Juegos Olímpicos.García Vargas, que se reunió ayer en Madrid con un grupo de periodistas para hacer balance de su primer año al frente del departamento, defendió la participación militar en misiones de seguridad y protección, subrayando que las mismas "tienen precedentes en muchos países y están previstas en la Constitución". Este tipo de operaciones, dijo, "forman parte de las misiones de las Fuerzas Armadas, no quizá de las fundamentales, pero sí de las que pueden y deben cumplir en un pais moderno".

El titular de Defensa se mostró "muy preocupado" por el clima contrario al Ejército que, en su opinión, existe en la sociedad española. Defensa pretende reclutar este año 4.000 nuevos soldados y marineros profesionales, a los que se suman otros 3.000 anuales durante el quinquenio 1993-97, para llegar a final de siglo con unos 40.000 efectivos de tropa y marinería profesional, frente a los 21.000 actuales. Para García Vargas, el principal obstáculo con que tropieza el proyecto de profesionalizar al 50% 'las Fuerzas Armadas no es el dinero "sino el ambiente social", que retrae a los aspirantes.

El ministro no quiso comentar la reciente sentencia de un juez de Madrid que absolvió a un insumiso, aunque defendió a su colega de Justicia, Tomás de la Quadra, quien dijo que la lógica aplicada por el magistrado podría servir para justificar a los etarras que asesinan niños.

Buena parte del encuentro se dedicó a la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el decreto de viviendas Militares, cuya aplicación fue suspendida por resolución judicial en noviembre, tras la presentación de 20.000 recursos. García Vargas confirmó que el fallo ha sido comunicado ya a las partes y que éste es globalmente favorable a Defensa, pues "no altera en lo sustancial" el decreto y sólo anula "tres aspectos menores, que no representan mayor problema".

Casas militares

En concreto, quedan sin efecto la posibilidad de sancionar disciplinariamente a los militares que se nieguen a abandonar la vivienda al perder su derecho a conservarla; la facultad de realojar en vivienda distinta a la que ocupan a los usuarios de casas castrenses que no se encuentren en servicio activo; y la capacidad del Invifas (Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas) para enajenar viviendas. Fuentes de Defensa subrayaron que sólo se ha aplicado la vía dicipIinaria "en casos muy especiales".Defensa cuenta con un parque de 43.000 viviendas, de las que 22.000 serán calificadas como logísticas -ligadas a la ocupación de un destino militar- y 18.000 serán atribuidas de por vida a viudas, retirados o militares próximos a la reserva. La polémica se centra en 3.000 casas, cuya ocupación fue calificada de "irregular" por García Vargas. El Ministerio prevé facilitar casa a un centenar de familias sin derecho a la misma por razones de índole social y continuar con los expedientes de desahucio en los otros casos. "Siempre habrá pequeños agravios. La situación era tan complicada que no hay solución perfecta, pero se ha apostado por la más razonable", agregó.

García Vargas compareció ayer por la tarde ante la Ejecutiva del PSOE para explicar los planes de su departamento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 17 de marzo de 1992