El drama de la coIza

EL DRAMA humano de la colza, el recuerdo de los cientos de víctimas mortales del criminal comercio y la existencia doliente de los miles de ciudadanos que todavía padecen sus estigmas físicos y psíquicos, ha vuelto a representarse ante los tribunales de justicia y, como en un espejo, ante la sociedad. Y de nuevo, como hace casi tres años, en el juicio celebrado ante la Audiencia Nacional, se ha hecho patente en la vista del recurso ante el Tribunal Supremo la inanidad de los códigos y de los procedimientos legales ante la magnitud del envenenamiento colectivo.Ni la ley ni la justicia, es cierto, se bastan por sí mismas para restañar las profundas heridas de aquel vil mercadeo y borrar el mal expandido a su alrededor por quienes lo propiciaron con su desmedido afán de lucro y su absoluto desprecio por la salud y la vida de sus semejantes. Pero cuando los afectados piden la imposición de penas más proporcionadas al daño que se les ha hecho y la solidaridad del Estado con la situación que sufren están planteando cuestiones de ningún modo ajenas a la ley y que los tribunales tienen en sus manos resolver.

Más allá de los enrevesados tecnicismos jurídicos del recurso, el mensaje de los supervivientes de la tragedia de la colza ha sido claro: penas más graves a los culpables de su desgracia, mayor flexibilidad en los criterios de reconocimiento de las víctimas mortales -tasadas judicialmente en 330 frente a las 955 estimadas de modo oficioso- y reajuste en cuanto a número y categorías del colectivo de afectados, calculado en unos 25.000, a efectos de la percepción de las correspondientes prestaciones económicas y sociales. Sin duda, tal mensaje tiene firme apoyatura en la ley, como lo demuestra la postura del ministerio fiscal de seguir exigiendo para los responsables de la tragedia de la colza -primero ante la Audiencia Nacional y ahora ante el Supremo- una condena por homicidio y no sólo por un delito contra la salud pública.

El que dentro del marco legal la condena pueda ser más o menos rigurosa no importa tanto a los afectados y a los familiares de las víctimas mortales como a la sociedad en su conjunto. Y no, obviamente, por sentimientos de venganza, sino por evitar que la sensación de impunidad induzca a otros desaprensivos a. la realización de prácticas comerciales tan irresponsables como la del desvío para el consumo humano de aceite de colza industrial. Es dificilmente admisible que los que se aventuran en tales prácticas por motivos de lucro no consientan o acepten los graves riesgos que se derivan de las mismas para la salud y la vida de las personas, aunque no tengan la intención de provocarlos directamente. De ahí la razonable postura del ministerio fiscal de considerar las actuaciones de los que desencadenaron la tragedia de la colza como homicidios culposos.

De otro lado, la aceptación judicial de la tesis del consumo de aceite de colza como causante del síndrome tóxico sigue siendo una firme base para la exigencia de responsabilidades a la Administración. Sin duda, este consumo es imputable a quienes se beneficiaron de él. Pero sólo fue posible en un clima de omisiones y de negligencias políticas y administrativas. De ahí que sea política y éticamente rechazable el que el Estado -gobernado hoy por un partido que obtuvo en su momento grandes réditos electorales a costa de la tragedia del envenenamiento por aceite de colza- siga vinculando la entrega de indemnizaciones a los afectados a una hipotética obligación de carácter penal, en lugar de asumir el elemental compromiso de solidaridad por propia iniciativa. En todo caso, el anunciado adelantamiento por parte del juez Bueren de los trámites del segundo sumario, en el que se investigará la culpabilidad, o no, de los llamados altos cargos de la Administración permite deducir el interés de la justicia por clarificar las posibles responsabilidades subsidiarias del Estado en el asunto.