El Ayuntamiento pretende que también los funcionarios declaren sus bienes y negocios

JUAN A. CARBAJO El concejal de Personal del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Moreno, continúa su revolución. Últimos datos: despide a 26 barrenderos que tuvieron bajas superiores a 50 días y prepara el cese de decenas de interinos. Intenta crear un registro de intereses para los funcionarios con responsabilidad como el que existe para los concejales. En los teléfonos centralizados del Ayuntamiento existe un limitador de conferencias. Los funcionarios firman ante sus je fes al llegar al trabajo. Los taxis se racionan.

Miguel Bernad, consejero del concejal de Régimen Interior, escribió el 28 de enero a su jefe, Antonio Moreno, una carta en la cual le proponía crear un registro de intereses para los funcionarios municipales similar al que tienen los cargos públicos. Los concejales, al principio y al final de su mandato, están obligados a declarar sus propiedades (casas, solares, coches, obras de arte... ), acciones o negocios.¿Acaso Bernad desconfía de los funcionarios municipales? Según el texto de la misiva, lo que teme el consejero de Personal es la "proximidad" que existe entre el funcionario y el político. Porque de éstos sí sospecha, según se desprende de la redacción de la carta.

Dice en su punto primero: "Es obvio y manifiesto que la sociedad española está viendo, estupefacta y con escándalo, el clima de corrupción que se está produnciendo en la clase política española".

Apostilla en el punto segundo: "Es obvio y manifiesto que este clima de corrupción de alguna manera pudiera implicar (por su proximidad) al funcionario público".

La propuesta de la concejalía afecta al personal eventual, directores de servicios, secretarios de juntas municipales, consejeros y asesores, funcionarios de las dos categorías- más altas y hasta a los miembros del Comité de Trabajadores. Moreno asegura que "es una idea interesante, pero que debe estudiarse jurídicamente y debatir con los funcionarios".

La concejalía de Régimen Interior vive en permanente revolución con el concejal Antonio Moreno, fichado por el PP de la empresa privada. Moreno era el jefe de personal de los 10.000 trabajadores de Induyco, filial de El Corte Inglés.

Nada más llegar al Ayuntamiento, decidió controlar el recibo de Telefónica y ordenó instalar limitadores en los teléfonos centralizados para evitar las conferencias. "En un departamento, las llamadas al extranjero mensuales han bajado de 80 a una".

Salir de la oficina

En otra circular recomendó a los trabajadores que tuvieran que salir de la oficina por necesidades de servicio (aparejadores, asistentes sociales u ordenanzas, por ejemplo) que utilizaran el transporte público y no el taxi. Moreno recordaba que el Ayuntamiento paga a sus funcionarios el abono mensual del Consorcio Regional de Transportes (3.200 pesetas al mes).

Otra instrucción obligó a los funcionarios a presentarse cada mañana ante sus jefes y acreditar con su firma la llegada al trabajo. "La máquina para fichar es demasiado fría", asegura el concejal. En otra ocasión ordenó que se limitara el exceso de horas extra -salvo autorización del concejal correspondiente-, pero este propósito aún no ha repercutido en las nóminas.

Estos días, a la vez que se calientan los motores para negociar el convenio colectivo, Moreno ha comenzado a solucionar una de sus grandes obsesiones: "Los interinos que no trabajan".

El Ayuntamiento ha mandado una carta de despido a 31 interinos, la mayoría emplea dos de limpieza viaria, por repetidas ausencias de su puesto de trabajo. Posteriorente, Moreno revocó cinco de ellos en los que se habían producido fallos técnicos. Por ejemplo, se había despedido a dos embarazadas.

Las centrales sindicales consideran que muchos de los despedidos han estado de baja por motivos justificados. "Entre los cesantes había casos de neumonías, operaciones quirúrgicas, accidentes de circulación, etcétera. Casi todos son improcedentes".

"Sólo tenemos conocimiento de uno que ha estado permanentemente de baja", asegura Rafael Espartero, de la sección sindical de UGT. "Además, el sistema es inusual. No se ha abierto un solo expediente".

El grupo municipal socialista asegura que el procedimiento empleado "es discutible jurídicamente", y Franco González, concejal de IU, asevera que los ceses son "arbitrarios". "Estas acciones deben discutirse con los trabajadores", afirma.

El Ayuntamiento comunicó el despido bajo la fórmula "han cesado las razones de urgencia que motivaron su contratación". Antonio Moreno considera que el método es correcto. "El interino cubre una plaza de emergencia. Su situación es la más débil porque puede ser cesado en cualquier momento".

Las centrales sindicales consiguieron anoche que el Ayuntamiento al menos oiga a los despedidos. "Se va a dar un mes de plazo para que los afectados presenten los certificados que acrediten sus bajas y se readmitirá a los que hayan sido cesados improcedentemente", explica Espartero. "Entre los despedidos hay personas que se han ausentado entre 120 y 180 días", afirma Moreno.

Según el concejal, su departamento está investigando la situación de los 1.500 interinos del Ayuntamiento para prescindir de aquellos que faltan de forma reiterada de su puesto.

Los responsables de limpieza de los distritos que son responsabilidad del Ayuntamiento tuvieron que completar un cuestionario de cada uno de sus barrenderos interinos (150 en total). Los jefes debían calificar el "rendimiento, las faltas y el comportaniento general".

Los sindicatos aseguran que no defienden el absentismo, pero pidieron al concejal que, al menos, se oiga al interesado. Moreno aceptó "corregir las formas". "Pero no voy a permitir que personas que no vienen a trabajar se rían de mí y de los madrileños".